La Procuraduría General de la Nación ha escalado su nivel de intervención ante la crisis que atraviesa la Nueva EPS, la entidad prestadora de salud más grande del país. Ante lo que el organismo califica como «insistentes llamados» ignorados, el Ministerio Público ha solicitado a la Superintendente Nacional de Salud, Luz Marina Munera, que ejerza medidas de vigilancia y control extremas para evitar que el desorden administrativo ponga en riesgo la vida de los afiliados.
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La Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles y de Seguridad Social puso el foco en tres puntos críticos que la entidad debe resolver de inmediato:
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Estados Financieros: No existe claridad, certificación ni aprobación de las cuentas de las vigencias 2023 y 2024.
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Anticipos y Deudas: Se exige conocer la legalización de los dineros entregados a clínicas, hospitales y proveedores, así como la estabilización en el pago de cuentas médicas.
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Modernización Tecnológica: Se pidió un reporte sobre la ejecución del plan estratégico para actualizar los sistemas de la EPS, vital para el procesamiento de citas y servicios.
El ente de control fue enfático: la Nueva EPS tiene un plazo de cinco días hábiles para entregar un informe detallado con soportes sobre el giro de recursos y las auditorías de cuentas médicas. El objetivo es proteger el derecho fundamental a la salud de los más de 11 millones de afiliados que hoy navegan en la incertidumbre.
Foto de la Silla Vacia
