La Procuraduría General de la Nación ha oficializado la apertura de una indagación previa para establecer presuntas irregularidades en el megaproyecto de pavimentación de la vía Morelia – Valparaíso – Solita (Fase II). El contrato, que supera los $44.000 millones, está en la mira del ente de control por deficiencias que van desde la planeación hasta la ejecución de los pagos al contratista.
La Regional de Instrucción de Caquetá ha centrado sus esfuerzos en tres puntos críticos que habrían comprometido la transparencia de la obra:
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Planeación Deficiente: Se indagan fallas estructurales en los estudios y diseños iniciales, lo que habría provocado retrasos y posibles sobrecostos.
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Falta de Control: El Ministerio Público advierte una presunta falta de seguimiento a los dineros ya cancelados al contratista, sin que estos se vean reflejados plenamente en el avance físico de la vía.
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Los Implicados: El proceso busca determinar la responsabilidad de funcionarios de la Gobernación del Caquetá y particulares vinculados al Fondo Mixto (hoy Gesprode), entidad encargada de la gestión del proyecto.
Para esclarecer el destino de los recursos, la Procuraduría ha solicitado formalmente a la Gobernación y a Gesprode antecedentes precontractuales y contractuales, documentación detallada de la interventoría y soportes administrativos de los pagos efectuados.
Esta obra es vital para la conectividad del departamento, pues busca unir centros de producción agrícola con el resto del país, pero hoy se encuentra empañada por la sombra de la mala gestión.
Foto de Nacional de Seguros
