Este jueves 2 de enero, la Procuraduría General de la Nación reveló que ha llamado a juicio disciplinario al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por su presunta responsabilidad en la grave escasez de medicamentos e insumos médicos que afectó al país durante el año 2023.
La situación de desabastecimiento, que fue alertada por diversas asociaciones médicas y organizaciones de pacientes, impactó negativamente a millones de colombianos, especialmente a aquellos con enfermedades huérfanas y diagnósticos complejos que dependen de fármacos esenciales para su tratamiento.
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Según la Procuraduría, Jaramillo no tomó las medidas necesarias para prevenir o resolver la crisis, a pesar de haber sido advertido sobre el riesgo de desabastecimiento desde 2022.
De acuerdo con la entidad encargada de investigar y sancionar a los funcionarios públicos, el ministro de Salud tardó meses en implementar un plan de acción para enfrentar la escasez, situación que se prolongó hasta que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca intervino a finales de 2023.
En la investigación, la Procuraduría señala que el ministro solo tomó acciones concretas para mitigar la crisis tras recibir una orden judicial, cuando, según las normativas, debía haber actuado con diligencia en el cumplimiento de sus funciones. El informe también subraya que más de 2.350 medicamentos y productos médicos estuvieron en riesgo de escasez durante este período, muchos de ellos de vital importancia para el tratamiento de enfermedades graves y crónicas.
El Gobierno, por su parte, se defendió argumentando que las acciones solo fueron emprendidas una vez que el Tribunal de Cundinamarca emitió un fallo en el que ordenó la creación de una nueva política nacional farmacéutica. Esta política debía incluir una metodología de participación en la que se involucraran tanto el Ministerio de Salud como entidades del sector y organizaciones de la sociedad civil. Según la Procuraduría, la demora en la adopción de estas medidas afectó directamente el derecho a la salud de los colombianos.
En un comunicado, la Procuraduría detalló que las acciones que el ministro Jaramillo implementó, incluida la Resolución 1896 de noviembre de 2023, fueron diseñadas para cumplir con las órdenes judiciales, pero la falta de iniciativa por parte del funcionario antes de esa intervención judicial fue calificada como “grave” a título de “culpa grave”.
La entidad subraya que el ministro debió haber actuado mucho antes para evitar el impacto negativo sobre el sistema de salud y la vida de los pacientes.
Además, la Procuraduría destacó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en su fallo más reciente, reiteró la necesidad de continuar con las acciones urgentes para garantizar el abastecimiento de medicamentos en el país. El Tribunal también ordenó la creación de mesas de trabajo con participación de actores clave como la Procuraduría, las EPS, la Superintendencia de Salud y otras organizaciones del sector, con el fin de desarrollar un nuevo enfoque para la política farmacéutica del país.