La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado urgente a las autoridades del departamento de Guainía para actualizar los planes municipales y departamentales de gestión del riesgo de desastres y fortalecer las estrategias de respuesta a emergencias, en respuesta a la calamidad pública declarada por las inundaciones que han afectado a 27.200 personas en la región.
En una reunión con entidades territoriales, líderes de juntas de acción comunal y comunidades afectadas por la ola invernal, el Ministerio Público enfatizó la necesidad de identificar y adquirir terrenos no expuestos a riesgos para reubicar de manera definitiva a unas 2.500 familias del área urbana de Inírida, que históricamente sufren los embates de las inundaciones.
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Asimismo, se destacó la grave situación en Barrancominas, donde el desbordamiento del río Guaviare y una remoción en masa amenazan la pista del aeródromo y la vía que conecta a las comunidades indígenas de Minitas y Mirolindo, dejando a 1.823 familias afectadas.
El organismo de control exhortó a las autoridades a utilizar los instrumentos legales disponibles en situaciones de calamidad pública, como:
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Adquisición de predios para reubicación.
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Transferencia de recursos para atención inmediata.
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Proyectos de desarrollo urbano para garantizar soluciones sostenibles.
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Alivios para los damnificados, según lo establecido por la ley.