Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra dos hombres señalados de reclutar menores de edad para las disidencias de las Farc con injerencia en el suroccidente del país. Las víctimas habrían sido captadas mediante engaños en el municipio de Miranda (Cauca).
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los procesados fueron identificados como John Humberto Plaza Gallego y Harold Jorley Mazuera Tobar, quienes fueron judicializados por su presunta participación en el delito de reclutamiento ilícito de menores. La investigación indica que los dos hombres habrían contactado a dos adolescentes con pleno conocimiento de su edad y se aprovecharon de su condición de vulnerabilidad para persuadirlas.
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Según el ente acusador, el propósito era coordinar el traslado de las menores desde Miranda hacia Cali (Valle del Cauca) para ponerlas a disposición de integrantes de la estructura armada Dagoberto Ramos. Sin embargo, el plan ilegal fue frustrado antes de concretarse.
Unidades de la Policía Nacional interceptaron el vehículo en el que eran transportadas las adolescentes durante un retén instalado en el barrio Marroquín II de Cali. En medio de la verificación de antecedentes y la inspección del automotor, los uniformados detectaron la situación irregular, lograron recuperar a las víctimas y activaron la ruta de protección.
Posteriormente, las menores fueron dejadas bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el restablecimiento de sus derechos. La Fiscalía precisó que Plaza Gallego y Mazuera Tobar fueron capturados en situación de flagrancia y presentados ante un juez por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales.
En las audiencias preliminares se les imputó el delito de reclutamiento ilícito de menores. Uno de los procesados, John Humberto Plaza Gallego, aceptó los cargos. Ambos deberán permanecer privados de la libertad mientras avanza el proceso judicial.
Las autoridades reiteraron que continuarán las acciones para prevenir el reclutamiento de menores por grupos armados ilegales, una de las principales alertas de seguridad en varias regiones del país.
