En una movida jurídica coordinada, los Ministerios de Trabajo y Hacienda, junto a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y el DAPRE, radicaron un recurso de súplica ante el Consejo de Estado. El objetivo es revocar el auto del magistrado Juan Camilo Morales Trujillo, quien suspendió el aumento del salario mínimo alegando falta de sustento técnico.
El documento de 28 páginas es contundente al afirmar que el magistrado se extralimitó en sus funciones. Estos son los puntos clave de la defensa:
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Prejuzgamiento: El Gobierno alega que la suspensión «anticipa un juicio de legalidad» que solo debería darse en la sentencia final, violando el debido proceso.
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Injerencia Económica: Advierten que el juez está interviniendo indebidamente en la política económica, una competencia exclusiva del Presidente de la República.
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Falta de Ponderación: El recurso critica que no se evaluó el daño social. Suspender el aumento genera «incertidumbre económica» en los hogares más pobres.
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Decisión Regresiva: Califican como un error que el juez pretenda reducir el aumento a solo la inflación, lo que afectaría a 2,4 millones de trabajadores y violaría el principio de progresividad.
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Más allá de lo legal, el Gobierno defendió su visión económica: aseguran que el salario de $2.000.000 no es un riesgo inflacionario, sino un motor que estimula el consumo y fortalece la demanda agregada, impulsando la justicia social y el empleo.
Principalmente, el Gobierno pide que se revoque la suspensión de manera inmediata. De forma subsidiaria, proponen que la medida cautelar se limite a un seguimiento informativo, pero que permita que los trabajadores sigan cobrando el aumento mientras el tribunal toma una decisión de fondo.
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