Los vientos del llano trajeron una alerta que inquietó a más de uno. Según información conocida por esta redacción, el exgobernador del Vichada, Sergio Andrés Espinosa Flórez, sancionado por la Procuraduría General de la Nación con 12 años de inhabilidad, habría participado en una reunión oficial en Bogotá con el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, y el actual gobernador Fulberto Guevara.
Las fotografías en poder del sistema informativo, del que hace parte esta casa, muestran al exmandatario Espinosa en lo que presuntamente fue una mesa técnica de alto nivel. Allí, al parecer, se habría discutido un proyecto de energía solar que supuestamente se realizaría en Puerto Carreño, con una inversión estimada en más de 126 mil millones de pesos. Las imágenes lo muestran dialogando con el ministro, tomando notas y revisando documentos junto al mapa técnico del Plan 6GW del Ministerio.
Le puede interesar: Varios municipios del Meta permanecen sin gas tras fuga masiva
Espinosa, a pesar de su inhabilidad, al parecer estaría actuando como un presunto “filtro” entre contratistas privados, el Gobierno nacional y la administración departamental. Esta presunta intermediación genera serias dudas sobre el cumplimiento del marco legal en los procesos de inversión pública.
Dudas sin resolver
La Unidad Investigativa de Nación Colombia solicitó oficialmente respuestas al ministro Palma, al señor Espinosa y a la oficina de comunicaciones del Ministerio de Minas. Hasta el momento, no se ha recibido respuesta alguna.
La ciudadanía del Vichada, que bien conoce la historia de obras inconclusas y elefantes blancos, mira con preocupación el posible retorno de figuras sancionadas a espacios de toma de decisiones, aunque sea de forma informal o indirecta.
Espinosa Flórez fue sancionado porque al parecer se detectaron irregularidades en la ejecución de un proyecto de más de 23 mil millones de pesos destinado a un centro de energías renovables que nunca operó adecuadamente.
Hoy, su presunta presencia activa en la gestión de un nuevo megaproyecto genera dudas legítimas. ¿Quién autorizó esa participación? ¿Por qué el Gobierno permitiría que alguien con sanción vigente esté cerca de procesos contractuales? ¿Se están ignorando las alertas legales y éticas en nombre de la “gobernabilidad”?
El llano exige transparencia
Este hecho, que aún carece de explicaciones oficiales, despierta malestar y desconfianza en la región. Porque el llano no olvida, y porque si los sancionados regresan como “asesores informales”, el cambio que se prometió desde Bogotá se queda en palabras.
Desde Nación Llanera seguiremos atentos a cada movimiento, porque el respeto por esta tierra también se demuestra exigiendo transparencia.
Por: Nación Llanera – con apoyo de la Unidad Investigativa del Sistema Informativo de Nación Colombia