En una reunión extraordinaria en la Federación Nacional de Departamentos (FND), los 32 gobernadores del país anunciaron que activarán una ofensiva jurídica para suspender los efectos del Decreto 1474 de 2025. Esta norma, expedida bajo el marco de una Emergencia Económica, pretende elevar el recaudo nacional a costa de gravámenes que, según los mandatarios, «invaden» la autonomía fiscal de las regiones.
El Decreto 1474 introduce cambios drásticos que entrarían en vigor plenamente este 2026, ejemplo los licores, vinos y aperitivos, que antes tributaban el 5%, ahora pasan a la tarifa general del 19%.
Otro incremento significativo es en el componente específico para cigarrillos y tabaco (incluyendo vapeadores).
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Ante estas decisiones, la gobernadora del Meta ha sido una de las voces más firmes en contra de la medida. Cortés advirtió que al encarecer estos productos de manera tan abrupta, el efecto inmediato no será más recaudo, sino el disparo del contrabando. «Se pone en riesgo la financiación de sectores clave como la salud, la educación y el deporte, que dependen directamente de estas rentas», enfatizó.
Ante la urgencia, los gobernadores evalúan aplicar la excepción de inconstitucionalidad. Este mecanismo les permitiría abstenerse de aplicar el decreto en sus territorios alegando que vulnera derechos fundamentales y la autonomía territorial, mientras la Corte Constitucional emite un fallo definitivo sobre la validez de la emergencia económica declarada por el presidente Petro.
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