El presidente Abelardo de la Espriella afirmó que acatará todos los fallos del Consejo de Estado y defendió la independencia judicial durante la instalación del XXXII Encuentro de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. También pidió prevenir errores del Ejecutivo que terminen en litigios y daños para los ciudadanos.
Independencia del Consejo de Estado
De la Espriella sostuvo que el Gobierno puede discrepar de una decisión judicial y controvertirla mediante los recursos y procedimientos establecidos, pero rechazó sustituir los argumentos jurídicos por presiones políticas o maltratos hacia los jueces. A su juicio, las ramas del poder público pueden dialogar y buscar soluciones institucionales siempre que cada una respete las competencias de las demás.
El presidente vinculó ese respeto con la función de control que ejerce la jurisdicción contencioso-administrativa sobre las decisiones, los contratos y las actuaciones del Estado. Señaló que también corresponde a los jueces determinar, cuando proceda, la responsabilidad estatal por los daños causados a los ciudadanos.
En cuanto al Ejecutivo, dijo que ha indicado a sus funcionarios estudiar a fondo antes de decidir. Planteó que un acto administrativo bien examinado, un contrato estructurado con cuidado y el cumplimiento oportuno de las obligaciones pueden evitar controversias. Defendió que la prevención del daño antijurídico pase de los manuales a la práctica administrativa.
Tecnología y tiempos de la justicia
De la Espriella señaló la reducción de los tiempos judiciales y la claridad de las decisiones como desafíos de la jurisdicción. Sostuvo que los ciudadanos deben poder entender lo que resolvió un juez y recibir una respuesta mientras todavía sea útil.
Sobre la inteligencia artificial, consideró que puede ordenar información, facilitar búsquedas y acelerar procesos. Sin embargo, advirtió que la decisión judicial debe seguir siendo humana, razonada y sometida al derecho, sin que el juez delegue su responsabilidad en una máquina.
El encuentro estaba previsto en Pereira, pero fue trasladado a Bogotá por las consecuencias del terremoto del 10 de agosto. El presidente destacó que los recursos recaudados por las inscripciones se destinarán a apoyar a los servidores judiciales damnificados y aseguró que el Gobierno también los acompañará en las zonas afectadas.
