La Fiscalía compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que examine información relacionada con excongresistas de Comunes en la investigación por el asesinato de Miguel Uribe Turbay. La remisión siguió a una petición del Ministerio de Justicia basada en señalamientos de María Claudia Tarazona, viuda del exsenador.
Señalamientos en el caso Miguel Uribe
El ministro de Justicia, Iván Cancino, había solicitado profundizar la investigación y verificar las revelaciones de Tarazona. Ella señaló a Luis Alberto Albán, excongresista de Comunes conocido como Marcos Calarcá, y lo vinculó con la presunta determinación del crimen.
Tarazona hizo público un mensaje que, según relató, mencionaba a Albán y habría llegado a un funcionario público en abril de 2025, antes del atentado contra Uribe Turbay. También sostuvo que los recursos para organizar el ataque habrían llegado desde Venezuela y que la orden se habría originado en el Congreso.
La Fiscalía no validó esas afirmaciones en su respuesta al ministerio. Los datos entregados por Tarazona y su representación de víctimas se incorporan al expediente para revisar las fuentes, la autenticidad y el origen de las comunicaciones. La verificación abarca, además, su eventual relación con el asesinato y con las personas mencionadas.
Alcance de las copias remitidas
La orden de remitir las copias se dio el 20 de octubre de 2026. La Fiscalía la comunicó al día siguiente en una respuesta al Ministerio de Justicia firmada por Deicy Jaramillo Rivera, delegada para la Seguridad Territorial. El documento no identifica a los aforados objeto de la compulsa ni establece responsabilidades penales.
La Fiscalía fundamentó la decisión en los artículos 186 y 235 de la Constitución Política, relativos a sus competencias frente a aforados. Con la información remitida, corresponde a la Corte Suprema hacer el examen dentro de sus atribuciones. Ese trámite es distinto de la verificación de los señalamientos incorporados al expediente por el homicidio.
La investigación del asesinato está a cargo de un Grupo de Tareas Especiales creado el 19 de junio de 2025 por la Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá. Lo coordina el jefe de la Unidad de Vida e Integridad Personal de esa seccional. Participan cuatro fiscales e investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación, la Sijín y la Dijín.
La Fiscalía indicó que ese trabajo busca establecer posibles determinadores, además de judicializar a los autores materiales. El grupo continúa las diligencias del caso y la Corte Suprema examina las copias recibidas.
