La ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, pidió al presidente de la República una auditoría forense al FOMAG ante posibles irregularidades en su administración. La solicitud se apoya en un diagnóstico de 59 hallazgos y ocurre en medio de cuestionamientos a la atención de salud de los docentes y sus familias.
Motivos de la auditoría forense al FOMAG
Hoyos formuló la petición durante un debate de control político en la Comisión Séptima del Senado. Allí cuestionó los resultados del modelo de salud adoptado mediante el Acuerdo 003 de 2024. Sostuvo que el aumento de recursos para la atención debería reflejarse en más servicios y afirmó que las fallas han afectado derechos fundamentales de los docentes.
La ministra planteó el examen ante lo que calificó como la posible existencia de una cadena de corrupción alrededor del Fondo. Se trata de una solicitud para revisar su manejo, no de una conclusión sobre responsabilidades. Hoyos también afirmó que el Gobierno encontró problemas procedentes de administraciones anteriores.
En relación con el acceso a documentos, Hoyos dijo que el Ministerio presentó siete acciones de tutela contra la administración anterior para obtener información de Fiduprevisora sobre el contrato de fiducia. Informó, además, que se reunió con la fiscal general para pedir avances en las investigaciones en curso y que adelantó gestiones ante organismos de control.
El modelo vigente comenzó a operar en mayo de 2024 sin los operadores regionales que antes contrataban los servicios. Bajo el nuevo esquema, Fiduprevisora paga directamente a clínicas, hospitales y otros prestadores. Docentes de distintas regiones han reportado dificultades para conseguir citas médicas, medicamentos y tratamientos.
Balances y continuidad de la atención
El diagnóstico técnico del Ministerio de Educación reúne 59 hallazgos, principalmente financieros y de salud. También registra un patrimonio negativo de $3,198 billones a junio de 2026. Ese balance del Fondo es distinto de las cuentas pendientes de pago por servicios de salud.
Sobre esas obligaciones, la Superintendencia Nacional de Salud reportó cuentas por pagar superiores a $2,4 billones en servicios, insumos y medicamentos. Cerca de $1,24 billones, equivalentes al 51 % de ese pasivo, tenían una mora superior a 180 días con corte al 30 de junio de 2026. La entidad también señaló dificultades para formalizar contratos con prestadores.
La superintendente de Salud, María Andrea Godoy Casadiego, informó que, de 3.934 prestadores registrados en el país, el FOMAG tenía un contrato legalizado. La entidad reportó 4.053 peticiones, quejas y reclamos en agosto de 2026. En una auditoría nacional de mayo, Supersalud identificó otros 38 hallazgos sobre contratación, finanzas, prestación del servicio y aspectos adicionales de la gestión.
El 2 de octubre de 2026, el Consejo Directivo del FOMAG aprobó trasladar $859.000 millones de la cuenta de pensiones a la de salud para garantizar la continuidad de la atención. Hoyos pidió al Ministerio de Hacienda priorizar los giros pendientes destinados al Fondo y anunció mesas de trabajo con Fecode y las carteras de Salud y Hacienda para buscar una salida concertada.
El Consejo Directivo del FOMAG tiene prevista una sesión el 30 de octubre. Hoyos señaló que allí deberán tomarse decisiones frente a la situación encontrada y avanzar en medidas para atender la prestación del servicio.
