En una decisión sin precedentes para el sector de servicios públicos, el Ministerio del Trabajo expidió un auto de medidas cautelares contra la filial de EPM en Bucaramanga. La medida busca frenar lo que el ente gubernamental describe como indicios serios de «persecución, presión y hostigamiento» contra líderes sindicales, protegiendo la autonomía de los trabajadores en un momento crítico de negociación.
La resolución ministerial advierte que las investigaciones podrían escalar hasta la junta directiva de EPM en Medellín. Se busca determinar si existen directrices corporativas orientadas a desmantelar los movimientos sindicales mediante tácticas de presión. De comprobarse estas «órdenes», las sanciones administrativas y legales serían de gran magnitud para el holding empresarial.
El punto más urgente del auto ordena a la empresa prohibir cualquier tipo de intervención empresarial en los asuntos internos de los trabajadores. Además, se debe garantizar la realización de la asamblea sindical programada para este viernes 7 de febrero de 2026.
El Ministerio enfatizó que la huelga es un derecho legítimo y que los trabajadores deben poder votar por esta opción sin temor a represalias o despidos.
Con este movimiento, el Gobierno Nacional reafirma su postura de protección irrestricta a la libertad sindical. El MinTrabajo ha sido enfático: la autonomía de los trabajadores es un pilar de la democracia laboral que ninguna empresa, por grande que sea su capital, puede vulnerar.
Imagen EPM
