El Ministerio de Hacienda calcula que la Ley de Rescate Económico permitiría ahorrar $44,6 billones en 2027 mediante recortes al gasto estatal. El proyecto, que incluye ajustes en contratos y nómina, sigue en trámite en el Congreso.
Alcance de la Ley de Rescate Económico
La iniciativa plantea una reducción general del 15% en el gasto público total. Esa propuesta es distinta de los $17,4 billones en austeridad que ya incorpora el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027, con ajustes en compras públicas, transferencias y proyectos de inversión no prioritarios.
Hacienda presentó cifras sobre la expansión de la administración estatal para respaldar su propuesta. De acuerdo con el Ministerio, los cargos de la Rama Ejecutiva aumentaron 25,9% entre 2023 y 2027: pasaron de 85.755 a 107.927 plazas. La cartera señaló además que las obligaciones por contratos de prestación de servicios crecieron 33,9% durante la administración anterior, de $5,3 billones a $7,1 billones.
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, defendió que el ajuste comience por el Estado. El Gobierno sostiene que las medidas responden al deterioro de las finanzas públicas. Para el conjunto de acciones de austeridad y reducción del gasto, Hacienda proyecta ahorros de $76,1 billones en 2030.
Contratos, nómina y debate legislativo
El recorte más inmediato reduciría 50% el gasto en contratos de prestación de servicios durante 2027 frente a 2026. Desde 2028, el crecimiento de ese rubro quedaría limitado a la inflación. Antes de celebrar nuevos contratos, las entidades tendrían que verificar que las actividades no puedan ser desarrolladas por funcionarios de planta.
Para 2028, el proyecto propone recortar 20% el gasto agregado de nómina de las entidades financiadas por el Presupuesto General de la Nación, con excepción de la Fuerza Pública. Hacienda calcula que ese ajuste permitiría ahorrar $9,6 billones ese año. Los salarios individuales de los servidores públicos no se reducirían nominalmente y deberán aumentar al menos en línea con la inflación.
En 2029 y 2030, el aumento de los gastos de personal no podría superar la inflación más 0,5 puntos porcentuales. Las entidades también rendirían cuentas semestrales ante el Congreso. Son medidas propuestas: los ahorros calculados no corresponden a recortes ya ejecutados.
El debate incluye disposiciones tributarias. Entre ellas figura la eliminación de tratamientos especiales del impuesto de renta sobre gastos de representación de magistrados, jueces, fiscales y determinados rectores y profesores de universidades públicas. El senador Andrés Forero, del Centro Democrático, dijo que respaldará la reducción del gasto público y la eliminación o fusión de entidades, pero rechazó buena parte de esos cambios tributarios.
«Los colombianos no aguantan más impuestos y no puedo acompañar la casi totalidad de las disposiciones tributarias», afirmó Forero. El presidente Abelardo de la Espriella pidió acelerar la discusión y envió al Legislativo un mensaje de urgencia e insistencia. La iniciativa continúa en trámite; los ahorros proyectados dependen de las medidas que finalmente se aprueben.
