La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto conocido como ley anticapuchos, con 20 votos a favor y 2 en contra. La iniciativa, que propone sancionar actos vandálicos cometidos con la identidad oculta durante manifestaciones públicas, continuará su trámite en la plenaria de la Cámara.
Qué plantea la ley anticapuchos
El proyecto tiene cuatro artículos y busca incorporar a la Ley 599 de 2000 el delito de «Acto vandálico mediante el ocultamiento de identidad». La conducta propuesta se refiere a hechos cometidos durante una manifestación, reunión, movilización o concentración pública, o aprovechando su desarrollo. El aval en comisión no convierte el articulado en ley.
Para esta figura, el texto define la ocultación de identidad como el uso deliberado de prendas, máscaras, pasamontañas u otros elementos similares para impedir o dificultar la identificación de una persona mientras comete actos vandálicos. Exige, además, que cubrirse el rostro sirva para facilitar la conducta o dificultar la identificación. La conducta tendría que ser dolosa y estar dirigida, entre otros actos, a destruir o deteriorar gravemente bienes, ocupar violentamente inmuebles o ejercer violencia física contra personas.
La pena planteada para el nuevo delito va de 54 a 96 meses de prisión, junto con una multa de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El articulado contempla agravantes por el empleo de explosivos, sustancias corrosivas o artefactos capaces de causar daños graves. También prevé una respuesta penal más severa cuando los hechos afecten, entre otros lugares, centros educativos, instituciones de salud, organismos de socorro o infraestructura de servicios públicos esenciales.
Otra parte de la propuesta pretende modificar el artículo 353A de la Ley 599 de 2000, relativo a la obstrucción de vías públicas que afecte el orden público. Allí se contemplan sanciones para quien incite, dirija, constriña o facilite medios ilícitos para bloquear vías o infraestructura de transporte, bajo las condiciones previstas en el proyecto.
La votación y el siguiente debate
Antes del aval al articulado, la comisión rechazó una proposición de archivo presentada por Daniel Monroy, representante del Pacto Histórico. Esa solicitud recibió 15 votos a favor y 21 en contra. Después avanzó la ponencia positiva de Jaime Arizabaleta, representante del Centro Democrático y ponente de la iniciativa.
El alcance de las sanciones dividió las posiciones durante el debate. Laura Beltrán, también representante del Pacto Histórico, afirmó que el proyecto busca «criminalizar la protesta social». Arizabaleta sostuvo que la medida apunta a quienes ocultan su identidad para cometer daños, no a quienes se manifiestan sin causarlos ni al uso de una capucha por sí solo.
Tras la aprobación en comisión, Jaime Arizabaleta fue designado ponente para el segundo debate ante la plenaria de la Cámara. Esa será la siguiente etapa del trámite de la iniciativa.
