La Comisión Primera del Senado aprobó en primer debate la reforma constitucional del senador Enrique Gómez para cerrar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en marzo de 2028. La propuesta trasladaría los procesos pendientes a la justicia ordinaria, una medida ante la cual la JEP advierte riesgos para los derechos de las víctimas.
El plazo de la JEP en debate
La iniciativa recibió 11 votos a favor y ninguno en contra el 28 de octubre. Los congresistas de oposición se ausentaron del debate. La aprobación permite que el proyecto continúe su trámite, pero no modifica todavía el periodo de funcionamiento de la JEP: es la primera de ocho votaciones requeridas para reformar la Constitución.
El texto fija para la jurisdicción un periodo máximo e improrrogable de diez años, contado desde la entrada en operación de la totalidad de sus salas y secciones. Con ese límite, sus funciones terminarían en marzo de 2028. Los expedientes que permanezcan abiertos al vencimiento del plazo pasarían a la justicia ordinaria.
El marco constitucional vigente contempla una etapa posterior de cinco años para concluir la labor judicial. Esa fase puede prorrogarse bajo determinadas condiciones y por solicitud de los magistrados de la JEP. La reforma busca eliminar esa posibilidad de extender la actividad de la jurisdicción.
Gómez, del Movimiento de Salvación Nacional, sostiene que la justicia transicional debe conservarse, aunque con los asuntos pendientes a cargo de la justicia ordinaria. Durante la discusión cuestionó los gastos, la contratación y los tiempos de resolución de la JEP.
Procesos pendientes y reparos de la JEP
Para los procesos trasladados, el proyecto prevé que las decisiones en firme y las pruebas practicadas conserven sus efectos. También plantea que el cambio de jurisdicción, por sí solo, no imponga condiciones procesales más gravosas a los comparecientes. Son disposiciones propuestas, sujetas aún al trámite de la reforma.
La JEP advirtió que un cierre definitivo en marzo de 2028 podría dejar investigaciones y juicios sin concluir. A su juicio, esto pondría en riesgo los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. El tribunal cuestionó, además, la eliminación de la fase prevista para el juzgamiento y la definición de situaciones jurídicas pendientes.
Sobre el traslado de expedientes, el tribunal considera que podría afectar la garantía del juez natural y dificultar la continuidad de procesos complejos sobre los crímenes más graves del conflicto armado. Para la JEP, el cambio tampoco eliminaría las obligaciones del Estado ni los costos de atender esos casos: recaerían en otra jurisdicción.
La entidad alertó asimismo sobre una posible afectación de los compromisos internacionales de Colombia y la eventual reactivación del escrutinio de la Corte Penal Internacional. La senadora Carolina Corcho, del Pacto Histórico, planteó reparos sobre las garantías constitucionales de la justicia transicional y la seguridad jurídica de quienes comparecen ante la JEP.
La discusión continuará el 4 de noviembre en un foro con víctimas, magistrados de las altas cortes, firmantes del Acuerdo de Paz y otros participantes. Después, la reforma deberá superar las votaciones y los requisitos constitucionales restantes.
