El Tribunal Superior de Bogotá revocó la tutela que imponía condiciones adicionales a ciertas operaciones aéreas de las Fuerzas Militares ante la posible presencia de menores reclutados. Esas medidas quedaron sin efecto, pero permanecen las obligaciones de protección de la población civil.
La decisión sobre la tutela
El 23 de octubre, la Sala de Familia declaró improcedente la acción y revocó el fallo emitido el 16 de septiembre por el Juzgado 34 de Familia de Bogotá. El Gobierno había impugnado esa decisión. La solicitud buscaba proteger a menores que podrían encontrarse en zonas de operaciones militares tras haber sido reclutados por grupos armados ilegales.
De acuerdo con la información divulgada por la Presidencia, el tribunal consideró que la tutela no identificaba personas determinadas ni operaciones concretas que permitieran establecer una amenaza inminente. También sostuvo que las pretensiones colectivas y estructurales debían tramitarse mediante los mecanismos judiciales correspondientes.
La decisión abordó, además, el Plan Nacional de Prevención del Reclutamiento de menores de edad. Según la información del Gobierno, la Ley 2590 de 2026 concede al Ejecutivo un año desde su expedición para implementar ese instrumento, con plazo hasta julio de 2027.
Bombardeos militares y protección civil
El fallo de primera instancia había fijado condiciones para determinadas operaciones aéreas cuando existiera información cierta, objetiva o razonablemente verificable sobre la presencia de niños, niñas o adolescentes reclutados. Entre esas medidas estaban reforzar la verificación de inteligencia, evaluar los riesgos para los menores y considerar alternativas menos lesivas para alcanzar los objetivos militares.
La revocatoria retiró esas restricciones específicas para planear y ejecutar operaciones aéreas, no los deberes generales de las Fuerzas Militares. Sus actuaciones siguen sujetas a la Constitución, la ley y el Derecho Internacional Humanitario, incluidos los principios de distinción, proporcionalidad y precaución. El retiro de las medidas tampoco autoriza ataques indiscriminados en zonas donde pueda haber menores.
