Una fuerte controversia estalla en la zona rural de Ayapel tras las recientes declaraciones del alcalde municipal hacia la empresaria Beatriz Vallejo. Mientras la administración local la señala presuntamente como «invasora», documentos y testimonios de la comunidad de Marralú sostienen una versión radicalmente opuesta: Vallejo habría sido la principal benefactora para la conectividad de la zona.
Según líderes comunitarios y allegados a la empresaria, Vallejo realizó la donación de 2.5 hectáreas de terreno con un propósito claro: facilitar la construcción de un puente sobre el río San Jorge, una obra vital para el desarrollo y la movilidad de los habitantes de Marralú.
A pesar de este acto de desprendimiento, el mandatario local ha emitido declaraciones calificándola de «invasora», lo que ha generado indignación en el sector. «Es inaudito que quien entrega su propiedad para el beneficio público sea señalada de esta manera por la máxima autoridad», expresaron fuentes cercanas al caso.
El aspecto más preocupante de esta disputa es el impacto en la integridad física de Beatriz Vallejo. En una región con dinámicas sociales complejas como el departamento de Córdoba, este tipo de señalamientos públicos por parte de funcionarios oficiales pueden ser interpretados erróneamente, aumentando la vulnerabilidad y el riesgo contra la vida de la empresaria.
