Dos decisiones judiciales dejaron sin aprobación dos negociaciones con tres procesados del caso Ungrd. El preacuerdo de Edgar Echeverri Toro y Sonia Rocío Romero Hernández incumplió la exigencia de reintegrar recursos; el principio de oportunidad de Edgar Riveros Rey recibió objeciones por su colaboración y las medidas de reparación propuestas.
Reintegro en el caso Ungrd
El 4 de noviembre de 2026, el Juzgado Décimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá improbó el preacuerdo de Echeverri Toro y Romero Hernández, vinculados a la Corporación Mixta para la Sustentabilidad y el Desarrollo Social Integral Yapurutú. La negociación estaba relacionada con una orden de proveeduría para adquirir 40 carrotanques destinados a La Guajira.
El juzgado examinó documentos y actas de entrega a la Ungrd elaborados cuando los vehículos todavía estaban en proceso de ensamblaje. Esos soportes permitieron tramitar pagos ante la Fiduprevisora. La decisión identificó dos desembolsos a Yapurutú, de $14.500 millones y $10.875 millones, para un total de $25.375 millones.
La jueza consideró que las conductas relacionadas con la falsedad documental también habrían servido para obtener un beneficio económico. Aplicó el artículo 349 del Código de Procedimiento Penal: cuando existe un incremento patrimonial producto de un delito, el preacuerdo exige reintegrar al menos el 50% de ese valor y garantizar el pago del resto. El despacho concluyó que la negociación no cumplía esa condición.
En el acuerdo presentado por la Fiscalía y las defensas, los dos procesados aceptaban cargos por concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos. La pena pactada era de siete años y cuatro meses de prisión. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado se había opuesto a los beneficios y señaló un incremento patrimonial injustificado de $4.330 millones.
Colaboración y reparación de Riveros
La otra decisión afecta a Edgar Riveros Rey, abogado vinculado a una investigación por un presunto intento de soborno para modificar declaraciones de antiguos directivos de la Ungrd. La Fiscalía sostiene que el 26 de julio de 2025 contactó al exsubdirector Sneyder Pinilla y le ofreció $3.000 millones o el 5% de un contrato a cambio de retractarse. También sostiene que Riveros habría planteado entregar $10.000 millones al exdirector Olmedo López para que cambiara su versión.
Al revisar el principio de oportunidad, la jueza estimó que el principal aporte útil de Riveros era su disposición a declarar contra César Manrique, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública. También cuestionó la utilidad de la información ofrecida sobre personas que ya contaban con beneficios judiciales.
La Fiscalía había incluido el mantenimiento de jagüeyes para garantizar el acceso al agua y la presentación de disculpas públicas como medidas de reparación. El despacho consideró insuficiente la explicación sobre cómo se realizarían y cómo se garantizaría su cumplimiento. Tras el rechazo de ambas negociaciones, los procesos continúan por la vía ordinaria, salvo que la Fiscalía presente nuevas propuestas que cumplan los requisitos legales.
