El Consejo de Estado suspendió provisionalmente la norma que prohibía el período de prueba en los contratos de aprendizaje. La decisión permite que empresas y aprendices, incluidos los del Sena, acuerden esa etapa por escrito mientras el tribunal resuelve una demanda de nulidad. El pacto no es obligatorio ni surge automáticamente al iniciar el contrato.
Condiciones del período de prueba
La suspensión rige desde el 5 de octubre de 2026. Para que el período de prueba sea válido, debe figurar expresamente en el contrato de aprendizaje. Si no existe esa cláusula escrita, la empresa no puede darla por establecida ni aplicar sus efectos al comienzo del vínculo.
Durante una etapa de prueba válidamente pactada, el artículo 80 del Código Sustantivo del Trabajo permite que cualquiera de las partes termine el contrato sin previo aviso. Esa facultad también corresponde al aprendiz. La posibilidad de terminar el vínculo bajo esa regla no elimina las prestaciones y los demás derechos laborales que le corresponden durante el período acordado.
La duración se somete a los límites generales del Código: no puede superar dos meses. Si el contrato a término fijo dura menos de un año, tampoco puede exceder la quinta parte del plazo inicialmente convenido. El tribunal puso como ejemplo un acuerdo escrito por un mes, no una duración que deba aplicarse a todos los contratos.
La decisión tampoco recupera la antigua regla que presumía los primeros tres meses del contrato de aprendizaje como período de prueba. La suspensión de la prohibición no restablece un plazo especial de tres meses: únicamente abre la posibilidad de incluir una cláusula bajo las condiciones laborales generales.
Alcance de la suspensión
La Sección Segunda del Consejo de Estado suspendió de forma cautelar el artículo incorporado al Decreto 1072 de 2015 por el Decreto 223 de 2026. Esa disposición excluía por completo el período de prueba de los contratos de aprendizaje. La medida respondió a la demanda presentada por Yenny Lorena Fonseca Amado y Santiago González Maldonado, quienes solicitaron la anulación parcial de la norma y la suspensión de sus efectos durante el proceso.
El punto central del auto es la relación entre el decreto y la reforma laboral de 2025. Esa ley calificó el contrato de aprendizaje como un contrato laboral especial a término fijo y lo sometió a las normas sustantivas del Código Sustantivo del Trabajo, aunque conserva su finalidad formativa. Entre las reglas generales aplicables están las que regulan el período de prueba.
Para el tribunal, el Gobierno no podía excluir por decreto una estipulación que la ley permite pactar. La magistrada Elizabeth Becerra Cornejo ordenó la suspensión provisional de la prohibición al considerar que esta restringía el régimen laboral al que el legislador sometió los contratos de aprendizaje.
Las protecciones de los aprendices permanecen vigentes. En la etapa lectiva cuentan con cobertura en salud y riesgos laborales. Durante la fase práctica, o a lo largo de toda la formación dual, les corresponden afiliación al sistema de seguridad social integral, prestaciones, auxilios y demás derechos laborales.
La prohibición suspendida deja de producir efectos mientras avanza el proceso. El Consejo de Estado deberá resolver la legalidad del decreto en la sentencia de fondo sobre la demanda; hasta entonces, la posibilidad de pactar el período de prueba depende de un acuerdo escrito que respete los límites del Código.
