La Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía reveló los detalles de una trama de irregularidades que afectó directamente a las familias de pescadores más humildes del departamento del Atlántico. La investigación se centra en el contrato 059 de julio de 2014, cuyo objeto era el suministro de 200 cascos para lanchas artesanales, pero que según las pruebas, fue diseñado para favorecer a un tercero sin experiencia.
El ente acusador imputó a tres personas clave en este proceso:
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Jorge Luis Sampayo Herrera (Exasesor Financiero): Imputado por contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.
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Gertrudis María Peralta Vásquez (Exasesora Jurídica): Enfrenta cargos por los mismos delitos al dar viabilidad jurídica a una propuesta que no cumplía con la ley.
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Julio César Altamar Rodríguez (Contratista): Representante de la fundación beneficiada. Se le imputan los delitos de fraude procesal, peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
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Según la Fiscalía, el contrato fue direccionado para beneficiar a la fundación de Altamar Rodríguez. Para lograrlo, el contratista habría presentado un Registro Único de Proponentes (RUP) con información falsa ante la Cámara de Comercio de Barranquilla para acreditar una experiencia que no tenía.
A pesar de que la fundación carecía de idoneidad técnica para la construcción de embarcaciones, el comité evaluador (donde participaban Sampayo y Peralta) le otorgó las máximas calificaciones.
El contrato, que debía ejecutarse en apenas 30 días, fue suspendido de manera injustificada. La Fiscalía sostiene que esta suspensión se hizo con el único fin de prolongar el plazo indefinidamente, dándole tiempo al contratista para intentar fabricar los cascos que inicialmente prometió tener listos. Al final, los pescadores recibieron elementos de mala calidad que, en muchos casos, apenas duraron unos meses en servicio.
Foto Gobernación del Atlántico
