Tras el cierre de las elecciones legislativas, el Gobierno Nacional ha puesto la lupa sobre la infraestructura tecnológica que soportará los comicios presidenciales del próximo 31 de mayo. El ministro del Interior, Armando Benedetti, solicitó formalmente a la Registraduría Nacional permitir una auditoría técnica profunda al software de preconteo y escrutinio.
Durante la sesión de la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral realizada este miércoles en Bogotá, Benedetti subrayó que, aunque el balance de las elecciones al Congreso fue positivo, es imperativo eliminar cualquier sombra de duda sobre el sistema.
Acceso total al código fuente
La petición del Ejecutivo es clara: los partidos políticos deben tener acceso directo al código fuente durante la jornada electoral y la semana de escrutinios. Según el ministro, esta medida es necesaria para prevenir y corregir inconsistencias entre el número de votantes y los votos registrados.
«Lo que estamos pidiendo es que se pueda hacer una verdadera auditoría del software para que se quiten las dudas», afirmó Benedetti, resaltando que la solicitud se realizó de manera conjunta con el Ministerio TIC.
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Por su parte, la ministra de las TIC, Carina Murcia Yela, explicó que ya se han adelantado 22 análisis de vulnerabilidad por parte de las colectividades políticas, pero insistió en la necesidad de un ente certificador y peritos informáticos para validar el proceso.
Seguridad y Transparencia en el mapa electoral
Además del componente tecnológico, el Gobierno avanza en el Plan Nacional de Garantías Electorales 2026, el cual contempla 96 acciones para blindar el proceso. En materia de orden público, la Policía Nacional identificó 208 municipios con niveles de atención especial dentro del mapa de riesgo electoral para focalizar la seguridad.
Finalmente, se informó que la plataforma URIEL ya ha procesado 2.111 quejas relacionadas con las pasadas elecciones al Congreso y 15 específicas sobre el proceso presidencial, las cuales ya están en manos de las autoridades competentes.
Con esta presión sobre la Registraduría, el Gobierno busca que el 2026 cierre como un ciclo democrático con plenas garantías técnicas para todos los candidatos.
