En un movimiento estratégico para sanear las finanzas públicas, el Ministerio de Minas y Energía ha dado un paso decisivo con la expedición del Decreto 0268 de 2026. La nueva normativa establece que los combustibles líquidos derivados del petróleo, utilizados como materia prima en procesos industriales (especialmente en quemadores), ya no contarán con el respaldo del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).
Esta medida busca corregir lo que el Gobierno denomina «distorsiones del mercado», asegurando que los subsidios estatales lleguen directamente al ciudadano de a pie y no se queden en eslabones intermedios de la cadena industrial que no trasladan dicho ahorro al consumidor final.
Cifras que obligaron al cambio
La decisión no fue al azar. Análisis técnicos revelaron un crecimiento exponencial y preocupante en el consumo de diésel industrial. En apenas un año, la demanda mensual saltó de un promedio de 806.000 galones en 2023 a una cifra alarmante de más de 8,2 millones de galones en 2024.
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Este incremento generó un hueco fiscal masivo. Solo entre enero y abril de 2025, el uso de estos combustibles estabilizados le costó al FEPC cerca de 131 mil millones de pesos. Con el nuevo decreto, el precio de estos insumos será definido libremente por la oferta y la demanda del mercado, aliviando la presión sobre el presupuesto nacional.
¿Qué busca el Gobierno con este desmonte?
El Ministerio de Minas ha sido enfático en que el FEPC fue creado para proteger el bolsillo de los colombianos frente a la volatilidad internacional, no para subsidiar la operación de grandes industrias. Los objetivos principales son:
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Reducir el déficit histórico del FEPC.
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Focalizar el gasto público en sectores vulnerables.
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Promover una competencia transparente en la producción de energéticos.
Excepciones y transición verde
A pesar de la rigurosidad de la norma, se mantienen excepciones clave. Los combustibles destinados a mezclas con biocombustibles (etanol y biodiésel) seguirán protegidos, en línea con las metas de transición energética del país para promover fuentes más limpias.
En los próximos meses, se darán a conocer los lineamientos operativos y los mecanismos de reporte que deberán seguir los agentes de la cadena de combustibles para implementar este cambio que marca un antes y un después en la política energética de Colombia.
