La condena a exmagistrados de Villavicencio quedó en firme tras una decisión de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que ratificó las penas contra Fausto Rubén Díaz Rodríguez, Joel Darío Trejos Londoño y Alcibiades Vargas Bautista. El alto tribunal concluyó que incurrieron en decisiones contrarias a la ley que habrían favorecido a procesados a cambio de sobornos y otras dádivas.
La Corte Suprema confirmó la condena a exmagistrados de Villavicencio y las penas impuestas
La Sala Penal ratificó las penas dictadas por la Sala Especial de Primera Instancia. Díaz Rodríguez recibió una condena de 128 meses y un día de prisión por prevaricato por acción en concurso homogéneo. Vargas Bautista y Trejos Londoño fueron condenados a 120 meses y un día de cárcel por cohecho propio y prevaricato por acción.
De acuerdo con la sentencia, los tres exmagistrados del Tribunal Superior de Villavicencio fueron procesados por actuaciones irregulares en al menos dos procesos penales y una acción de tutela. Para la Corte, en esos expedientes habrían emitido decisiones “manifiestamente contrarias a la ley” a cambio de dinero y beneficios ilegales.
Uno de los puntos resaltados por el alto tribunal es la magnitud de los pagos atribuidos en el expediente: en uno de los casos, según la investigación citada en la decisión, se habría pactado un soborno de $2.000 millones. La Corte también mencionó la existencia de dádivas adicionales, como celebraciones con comida y licor, entre otros beneficios.
Los fallos cuestionados: ponencia, tutela y supuestos acuerdos para favorecer procesados
En uno de los hechos analizados, la Corte señaló que Díaz Rodríguez presentó una ponencia para revocar la decisión que había retirado la prisión domiciliaria a Danit Darío Doria Castillo. La Sala concluyó que esa propuesta se apoyó en argumentos “manifiestamente contrarios a la ley” e ignoró pruebas, y que el exmagistrado insistió en su postura con un salvamento de voto.
En otro episodio, Díaz Rodríguez, Vargas Bautista y Trejos Londoño favorecieron mediante una tutela a Hernán Darío Giraldo Gaviria. La Corte sostuvo que el fallo omitió analizar el principio de subsidiariedad y que declaró la nulidad de una providencia que ya estaba ejecutoriada, lo que llevó al tribunal a calificar la decisión como contraria a la ley.
Además, la investigación vinculó a Vargas Bautista y Trejos Londoño con un acuerdo para favorecer a Marbelly Sofía Jiménez Pérez, procesada por homicidio agravado y concierto para delinquir, a cambio de un soborno millonario. La sentencia señaló que los implicados habrían usado distintos mecanismos para ocultar la recepción de pagos y beneficios.
Copias para nuevas investigaciones y cuestionamientos por la prisión domiciliaria
Como parte de la decisión, la Corte ordenó compulsar copias para investigar nuevas actuaciones relacionadas con un fallo de tutela por el que, de manera presunta, se habrían pagado $100 millones. Esa orden busca abrir una nueva línea de verificación sobre posibles hechos no agotados en el proceso ya fallado.
La Sala también cuestionó que se les hubiera concedido prisión domiciliaria por razones de edad y condición de pensionados, al considerar que no se evaluó de forma adecuada la gravedad de las conductas y su impacto institucional. Sin embargo, aclaró que no podía revocar ese beneficio por el principio de non reformatio in pejus.
En ese marco, el alto tribunal llamó a que, en casos similares, se aplique mayor rigor al analizar sustituciones de pena. En la sentencia, la Corte afirmó que la conducta evidenció “un total desprecio por el orden jurídico” y describió el caso como una “verdadera venta simoníaca de la función pública”.
