El proyecto impulsado por el Gobierno Petro busca crear juzgados y tribunales especializados para resolver conflictos de tierras y fortalecer la justicia rural en Colombia.
La creación de la Jurisdicción Agraria y Rural está cada vez más cerca de convertirse en una realidad en Colombia. El proyecto de ley que define las competencias y el funcionamiento de esta nueva figura judicial avanza actualmente en el Congreso de la República, donde cursa su tercer debate legislativo.
La iniciativa busca crear un sistema especializado para atender conflictos relacionados con la tierra, la producción agraria y los derechos campesinos, mediante la implementación de juzgados agrarios y rurales en diferentes regiones del país.
Según el Gobierno nacional, esta reforma permitirá fortalecer el acceso a la justicia en zonas rurales históricamente afectadas por disputas de tierras, informalidad en la propiedad y conflictos agrarios.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que la propuesta representa una de las principales apuestas del gobierno del presidente Gustavo Petro para transformar las condiciones del campo colombiano.
“Este es un proyecto muy importante; no solo fue una de las promesas del presidente Gustavo Petro, sino que además permite resolver conflictos del campo que durante décadas no tuvieron atención especializada”, afirmó Benedetti.
La norma establecerá las competencias de los nuevos tribunales y juzgados rurales, así como las funciones de la Sala Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado en controversias relacionadas con tierras y producción agraria.
Entre los principales temas que resolverá la nueva jurisdicción se encuentran conflictos sobre uso y tenencia de la tierra, posesión de predios rurales, servidumbres agrarias, contratos de aparcería, ocupaciones de hecho y actuaciones relacionadas con la Agencia Nacional de Tierras.
El proyecto también contempla la creación de centros de apoyo judicial y técnico agrario, encargados de brindar acompañamiento pericial y administrativo en los procesos relacionados con disputas rurales.
Otro de los componentes clave será la figura de los facilitadores agrarios y rurales, quienes tendrán la función de orientar a campesinos y ciudadanos sobre mecanismos de acceso a la justicia en asuntos relacionados con tierras.
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De acuerdo con el Gobierno, los procesos de selección de jueces y funcionarios priorizarán conocimientos en derechos campesinos, enfoques étnicos, perspectiva de género y comprensión territorial.
La iniciativa ya superó etapas fundamentales en el trámite legislativo. En cabeza del Ministerio del Interior se aprobó previamente la reforma constitucional que dio origen a esta jurisdicción, así como la ley estatutaria revisada posteriormente por la Corte Constitucional.
El alto tribunal avaló la mayoría de los artículos y devolvió el texto ajustado para continuar su proceso hacia la sanción presidencial.
Para el Ejecutivo, la implementación de la Jurisdicción Agraria representa un avance estratégico en materia de justicia territorial, formalización de tierras y construcción de paz en las regiones rurales.
Además, el proyecto hace parte de una política más amplia impulsada por el Gobierno Petro en temas de acceso a tierras, reforma agraria, restitución y fortalecimiento institucional en el campo colombiano.
Comunicado oficial:Jurisdicción Agraria más cerca de ser una realidad
