En un anuncio que marca un hito en la compleja relación bilateral de ambos países, los gobiernos de México y Estados Unidos celebraron una reducción sin precedentes en el flujo migratorio fronterizo. Tras una reunión de alto nivel, las autoridades confirmaron que el número de personas que intentan cruzar de forma indocumentada hacia territorio estadounidense ha alcanzado su nivel más bajo registrado en los últimos 50 años.
De acuerdo con un comunicado oficial emitido por la Cancillería mexicana, el volumen de encuentros entre migrantes irregulares y las patrullas fronterizas de Estados Unidos registró una reducción histórica del 90% en el periodo comprendido entre octubre de 2024 y mayo de 2026. Este logro fue el eje central del encuentro celebrado entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Seguridad Interior de EE. UU., Markwayne Mullin.
«Como resultado del trabajo coordinado, los encuentros con personas en situación migratoria irregular en la frontera sur de Estados Unidos han disminuido de manera sostenida», destacó la cartera diplomática mexicana.
Políticas de mano dura: Multas de hasta USD 18.000 por deportación
Este desplome en las cifras coincide con la agresiva política migratoria que ha caracterizado al segundo mandato del presidente Donald Trump. Lejos de suavizar las medidas, la administración republicana en Washington busca implementar nuevas estrategias para desincentivar los cruces ilegales y promover la «autodeportación».
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Entre las propuestas más polémicas del Departamento de Seguridad Nacional destaca un plan para imponer una multa de hasta USD 18.000 a los migrantes irregulares que ignoren las órdenes de expulsión y sean arrestados en suelo estadounidense.
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) ha justificado este drástico incremento señalando que la sanción económica actual (fijada en USD 5.130) es insuficiente para cubrir los altos costos operativos que genera la detención y traslado de un extranjero expulsado en ausencia.
El fantasma del narco empaña la celebración diplomática
Pese al ambiente festivo por los resultados en la frontera, la reunión en Ciudad de México se desarrolló bajo una fuerte sombra de tensión diplomática. El trasfondo del encuentro estuvo marcado por la exigencia de Washington para que el gobierno de Sheinbaum capture y extradite a varios funcionarios locales acusados de tener vínculos estrechos con el narcotráfico.
El caso más crítico es el de Rubén Rocha Moya, el ahora exgobernador de Sinaloa, quien se apartó de su cargo estatal mientras la Fiscalía General de la República investiga sus presuntos nexos con los carteles de la droga. Ante la presión de la Casa Blanca, la presidenta Sheinbaum ha mantenido una postura firme, exigiendo públicamente a las agencias estadounidenses el envío inmediato de pruebas contundentes que justifiquen y sustenten legalmente dicha solicitud de extradición.
