El riesgo electoral en el Meta volvió a encender alarmas a pocos días de las presidenciales del 31 de mayo, con municipios del sur señalados en niveles alto y extremo por posibles hechos de violencia, denuncias de constreñimiento y señales de control social. MOE, Gobernación, Ejército y Defensoría pidieron reforzar garantías para votar en libertad.
Municipios del sur, en el mapa de mayor riesgo
En su análisis para el suroriente del país, la Misión de Observación Electoral (MOE) advirtió que el riesgo electoral en el Meta se concentra en el sur del departamento. Según la organización, allí pesan la presencia de grupos armados ilegales, denuncias sobre presiones a la población y un clima de polarización que se ha trasladado a escenarios comunitarios.
El coordinador regional de la MOE, Luis Enrique Amado, explicó que la etapa preelectoral ha estado marcada por desinformación y agresiones verbales, incluso entre ciudadanos. Para la misión, ese ambiente aumenta tensiones sociales y puede terminar reduciendo la participación por miedo o por la idea de que no hay condiciones para expresar preferencias políticas sin presión.
La MOE ubicó a La Macarena, Puerto Concordia, Puerto Lleras, Puerto Rico y Mapiripán con niveles de riesgo alto y extremo por posibles hechos de violencia en el marco electoral. Amado sostuvo que, aunque las acciones violentas no siempre se dirijan a campañas o candidatos, sí impactan a la ciudadanía porque generan temor y “se empieza a coartar” la libertad de votar.
Denuncias por panfletos, presión para inscribir cédulas y exigencia de carné comunal
Las alertas coincidieron con lo expuesto por la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, quien dijo que en zonas rurales ya se han registrado hechos de carnetización y que le preocupa el presunto constreñimiento al voto. La mandataria mencionó que este tipo de dinámicas se estarían presentando fuera de los centros urbanos.
Por su parte, la secretaria de Gobierno departamental, Andrea Lizcano, confirmó la circulación de panfletos atribuidos al Frente Éver Castro, una estructura disidente de las Farc vinculada al bloque de alias Calarcá. La funcionaria señaló que uno de los documentos fue distribuido durante el periodo de inscripción de cédulas e indicaba a habitantes de sectores rurales que debían acudir a inscribirlas para la elección presidencial.
Lizcano agregó que un segundo panfleto ordenaba portar un carné de Junta de Acción Comunal como identificación e incluía la amenaza de multas económicas para quienes no lo tuvieran. La secretaria precisó que, hasta el momento, no han conocido que esas presiones estén orientando el voto hacia un candidato específico, pero sí que buscarían forzar la participación.
Ejército reporta disputa entre disidencias y la Defensoría advierte impacto tras el crimen en Cubarral
El mayor general Erik Rodríguez Aparicio afirmó que en el sur del Meta y el Guaviare hay una disputa territorial entre estructuras armadas ilegales asociadas a las disidencias de alias Calarcá y de alias Mordisco. En ese contexto, añadió, “no solo buscan controlar el territorio, sino también la población”, y dijo que las autoridades tienen información sobre actividades de carnetización de civiles en zonas rurales.
El oficial indicó que el Ejército adelanta operaciones para contrarrestar estos fenómenos y reportó que, en lo corrido de 2026, se han registrado 217 afectaciones a integrantes de esas estructuras solo en el Meta. En paralelo, Lizcano indicó que la información sobre los panfletos y presiones fue trasladada a la Fiscalía y a los comités de seguimiento electoral, con participación de Fuerza Pública, Registraduría y Defensoría del Pueblo.
La preocupación por la violencia política aumentó tras el asesinato de Rogers Mauricio Devia Escobar, exalcalde de Cubarral, y de su asesor Eder Fabián Cardona López en zona rural de ese municipio. En un comunicado, la Defensoría del Pueblo advirtió que la violencia, las amenazas y la intimidación afectan el debate público, elevan los riesgos para liderazgos políticos y sociales y debilitan la convivencia democrática.
