Comisión de Acusación a Petro: un salvamento de voto de la representante Gloria Arizabaleta plantea abrir investigación formal contra el presidente por presuntas irregularidades en la campaña de 2022. Según el documento conocido por SEMANA, si el congresista Wilmer Carrillo acompaña esa postura, se impondría una votación 2-1 que tumbaría el auto del investigador Alirio Uribe que propone inhibir al mandatario.
El giro dentro del “triunvirato” investigador
La Comisión de Acusación de la Cámara tiene en curso una investigación contra Gustavo Petro por presuntas irregularidades relacionadas con la financiación y los gastos de su campaña presidencial de 2022. En ese proceso, Alirio Uribe presentó un auto para proferir decisión inhibitoria, es decir, para cerrar el caso a favor del presidente frente a señalamientos como financiación con fuentes prohibidas o violación de topes.
Pero el escenario cambió con el proyecto de salvamento de voto de Gloria Arizabaleta, congresista del Pacto Histórico, que se opone a la inhibitoria con argumentos jurídicos y técnicos. El documento plantea que, junto con Wilmer Carrillo, podría conformarse una mayoría que impida que el caso sea archivado en este punto.
Arizabaleta, de acuerdo con lo divulgado, sostiene que el equipo investigador debe avanzar hacia una etapa formal del proceso para esclarecer hechos y responsabilidades. Uribe, por su parte, insiste en sostener la inhibitoria.
La indagatoria y los testimonios que propone Arizabaleta
En su salvamento de voto, Arizabaleta pide que el “triunvirato investigador” disponga la vinculación formal de Petro al proceso mediante la recepción a indagatoria, citada en los términos del Artículo 336 de la Ley 600 de 2000, con garantías de defensa, silencio y no autoincriminación.
Además, solicita nuevas declaraciones para profundizar en el flujo de recursos y en decisiones financieras de la campaña. Entre los testimonios que plantea están los de Juan Carlos Lemus, auditor de la campaña presidencial; Jonathan Ramírez Nieves, abogado principal de las campañas del Pacto Histórico en 2022; y varios actores vinculados con pagos a testigos electorales, como Ingenial Media S. A. S., Supergiros, Jer S. A. y Matrix Giros y Servicios S. A. S.
Arizabaleta también propone escuchar al representante legal de la Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi), para que explique los términos del contrato de fletamento del 1 de junio de 2022, la expedición de las notas crédito NC31 y NC32 y la liquidación de los servicios prestados.
Los hechos bajo la lupa: Fecode, Sadi y el aporte de la USO
Uno de los puntos centrales del documento es el cheque que, según se expone, Fecode giró a la campaña por 500 millones de pesos y que no habría sido reportado en Cuentas Claras. Arizabaleta sostiene que, por su naturaleza de organización sindical, Fecode tendría vedada de manera absoluta la realización de aportes a campañas presidenciales y cuestiona la ruta posterior de los recursos.
El texto describe que, una vez el dinero quedó en poder de Dagoberto Quiroga —entonces representante de Colombia Humana—, se giró a Ingenial Media S. A. S. en el marco de un contrato para el “esquema integral de control electoral”, que, según Arizabaleta, incluía pagos a testigos electorales en la primera vuelta. En su valoración, esa secuencia configuraría una triangulación orientada a desviar el origen del aporte y eludir el reporte contable.
El salvamento de voto también señala inconsistencias relacionadas con Sadi y la modificación de facturas. Según el documento, el Consejo Nacional Electoral evidenció discrepancias entre valores reportados por transporte aéreo y valores reales de fletamentos, tras anular facturas originales con notas crédito y emitir facturas sustitutivas de menor valor. Allí se mencionan valores no reportados por 1.249 millones en primera vuelta y 962 millones en segunda, al contrastar información de Aeronáutica Civil con facturación presentada al CNE.
Otro tema es un aporte de 600 millones de la Unión Sindical Obrera (USO), aprobado en fechas previas a la segunda vuelta de 2022 para “reforzar” esa jornada. Según Arizabaleta, ese giro no aparece en Cuentas Claras y, por la proximidad temporal, plantea que los recursos estaban destinados a cubrir gastos específicos de esa etapa.
Finalmente, Arizabaleta plantea una tesis sobre la posible responsabilidad del candidato, señalando que su contribución en la estructura financiera no se limita a cheques o contratos, sino a decisiones estratégicas de nivel superior, incluida la elección de equipo directivo, prioridades de gasto y tolerancia frente a irregularidades. Con el salvamento ya radicado y con la eventual adhesión de Carrillo, la decisión sobre la inhibitoria quedaría en manos de la votación interna del equipo investigador.
