El Ministerio del Interior aseguró que la negociación con comunidades ha permitido reducir bloqueos y evitar nuevos episodios de violencia en distintas regiones de Colombia.
El Gobierno nacional reafirmó su estrategia de diálogo social como mecanismo principal para resolver conflictos y atender las demandas ciudadanas en diferentes zonas del país. Desde el Ministerio del Interior, encabezado por Armando Benedetti, se destacó que la mediación institucional ha permitido desactivar cientos de tensiones sociales sin recurrir a escenarios de confrontación o violencia.
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La administración del presidente Gustavo Petro aseguró que esta política ha sido implementada desde regiones como San Andrés hasta la Amazonía, donde funcionarios del Gobierno han sostenido conversaciones directas con las comunidades para construir acuerdos y evitar bloqueos o alteraciones del orden público.
Según el Ejecutivo, la experiencia del Paro Nacional de 2021 dejó en evidencia las consecuencias de no atender oportunamente las demandas sociales, situación que derivó en graves episodios de violencia y cuestionamientos por el actuar de la fuerza pública. En ese contexto, el Gobierno recordó recientes decisiones judiciales relacionadas con abusos policiales ocurridos durante las protestas.
Uno de los casos mencionados fue la condena contra un patrullero de la Policía Nacional por causar la pérdida del ojo derecho de la joven Leidy Cadena durante las manifestaciones del 28 de abril de 2021. La justicia determinó que el uniformado actuó en contravía de los protocolos de uso de la fuerza y de los estándares internacionales de derechos humanos.
Además, informes elaborados por organizaciones como Temblores, Amnistía Internacional y el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social de la Universidad de los Andes documentaron múltiples lesiones oculares ocasionadas durante las protestas sociales de ese periodo.
El Gobierno sostiene que este tipo de hechos no se han repetido con la misma magnitud debido a la implementación de estrategias de concertación y atención temprana de los conflictos sociales. Como ejemplo, destacó la apertura de una oficina del Ministerio del Interior en el departamento del Cauca, orientada a mantener comunicación permanente con las comunidades y evitar el escalamiento de las protestas.
De acuerdo con cifras oficiales, la estrategia permitió disminuir significativamente los bloqueos sobre la vía Panamericana, uno de los corredores más importantes del país para la movilidad y el comercio.
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La administración Petro considera que esta política de diálogo territorial ha contribuido a proteger la vida de los ciudadanos, reducir la tensión social y fortalecer la presencia institucional en regiones históricamente afectadas por el conflicto y la exclusión.
“El diálogo evita que las diferencias terminen en violencia”, señalan desde el Ejecutivo, que insiste en que la construcción de consensos debe prevalecer sobre la confrontación en el manejo de las protestas y las movilizaciones sociales en Colombia.
