La Superintendencia Nacional de Salud presentó los resultados de una auditoría forense realizada a la EPS Servicio Occidental de Salud (SOS), en la que fueron identificados varios hechos que, según el organismo de control, podrían comprometer el manejo adecuado de los recursos destinados a la atención de los usuarios.
Durante una rueda de prensa, el superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero, calificó como crítico el nivel de riesgo encontrado y explicó que algunos de los hallazgos serán trasladados a las autoridades competentes para determinar si existen responsabilidades administrativas, fiscales o penales.
Uno de los puntos que más llamó la atención está relacionado con un crédito por $50.000 millones, que, de acuerdo con la información presentada por la Supersalud, habría sido respaldado con recursos provenientes de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). El organismo también señaló un posible beneficio financiero para la matriz de la EPS, Comfandi.
La auditoría encontró, además, un fideicomiso cuya vigencia se extendería hasta 2041, pese a que el crédito asociado tendría vencimiento en 2026. Para la entidad de vigilancia, esta diferencia en los plazos requiere una explicación y revisión detallada.
Otro de los aspectos señalados está relacionado con las condiciones financieras aplicadas a Comfandi. Según la información expuesta durante la rueda de prensa, se habría aplicado un descuento del 15 %, mientras que a otros prestadores se les habría reconocido un descuento del 12 %. Estos hechos deberán ser analizados dentro de las actuaciones correspondientes para establecer si existieron beneficios indebidos.
Pero los hallazgos no se limitaron a operaciones financieras. La Supersalud también puso el foco sobre los precios reportados para algunos medicamentos. En la revisión fueron identificados casos en los que los valores facturados habrían superado ampliamente los Precios Máximos de Venta establecidos.
Entre los ejemplos presentados se mencionaron sobrecostos de hasta 166.029 %, además de otros que alcanzarían 39.832 %, 6.314 %, 5.284 % y 4.187 %. Las cifras han generado preocupación porque los recursos utilizados para financiar medicamentos y servicios de salud provienen, en buena medida, del sistema público y tienen como finalidad garantizar la atención de los pacientes.
El análisis de la Supersalud también arrojó un panorama más amplio. Al revisar la información reportada por las EPS entre 2019 y 2024, el organismo identificó facturación de medicamentos por encima del Precio Máximo de Venta por un valor superior a $2,1 billones.
A este escenario se suma otro hallazgo de alcance nacional. Según la entidad, al cruzar las bases de datos de prestación de servicios correspondientes al periodo entre 2020 y 2024, fueron identificadas 308.138 personas fallecidas a quienes se les habrían facturado servicios de salud después de la fecha registrada de su muerte. El valor asociado a esas facturaciones superaría los $1,48 billones.
La Supersalud aclaró que estos hallazgos deberán ser objeto de las actuaciones correspondientes y que corresponde a las autoridades competentes determinar las responsabilidades individuales a partir de las investigaciones y del debido proceso.
