El presidente Abelardo de la Espriella firmó el Decreto 1368 de 2026, con el que derogó la ampliación de la suspensión del porte de armas que regía durante 2026. La decisión mantiene vigentes los requisitos legales y permite el porte únicamente a quienes cuenten con salvoconductos válidos.
Alcance del Decreto 1368
La norma deja sin efecto el Decreto 1482 del 31 de diciembre de 2025, que había extendido por un año la suspensión del porte de armas en todo el país. El nuevo decreto aclara que levantar esa restricción adicional no equivale a autorizar el libre porte de armas de fuego.
El texto conserva las exigencias, condiciones, restricciones y controles establecidos en el Decreto Ley 2535 de 1993 y en las demás normas aplicables. También precisa que el porte estará limitado a las armas específicamente cubiertas por cada permiso y a las condiciones fijadas en ese documento.
Podrán portar armas las personas cuyos permisos estén vigentes y no hayan sido suspendidos o cancelados. La derogación, por tanto, modifica la ampliación de la suspensión nacional, pero no elimina el sistema de permisos ni sus controles.
Porte de armas con salvoconducto
De la Espriella sostuvo que las restricciones adicionales facilitaron la presencia de armas ilegales y afirmó que la mayor parte de los delitos en el país se comete con ese tipo de armamento. Como respaldo, mencionó las incautaciones realizadas por la Fuerza Pública entre enero y septiembre.
En ese periodo, la Fuerza Pública incautó 15.700 armas de fuego, de las cuales 14.179 estaban relacionadas con la comisión de delitos, de acuerdo con las cifras citadas por el presidente. Del total reportado, 980 armas estaban vinculadas con disidencias, 551 con el Clan del Golfo y 339 con el ELN.
Datos del Ministerio de Defensa correspondientes a 2025, entregados a la oficina del congresista conservador Juan Carlos Willis, registraban cerca de 700 mil armas con salvoconducto. El 40% de ellas estaba en Bogotá.
La Silla Vacía ha recogido análisis de expertos que cuestionan que permitir el porte civil de armas de fuego reduzca la violencia armada. El decreto ya fijó el marco aplicable: el porte seguirá sujeto a salvoconductos vigentes y a las restricciones previstas por la legislación.
