El Centro Zonal Rafael Uribe del ICBF, en Bogotá, continúa sin prestar servicio después de un contrato de construcción y otro de adecuación. Una visita de la Oficina de Control Interno constató que el edificio seguía incompleto y no estaba en condiciones de operar.
Centro Zonal Rafael Uribe
La visita, realizada el 28 de mayo de 2025, encontró trabajos por terminar en pisos, muros, cielorrasos y baños. También estaban pendientes la reparación del ascensor y del elevacoches, la acometida eléctrica y actividades de la red contra incendios.
El registro fotográfico muestra humedades, filtraciones, acabados incompletos y baños sin accesorios. Hay equipos que no están en condiciones adecuadas de funcionamiento. La Oficina de Control Interno identificó, además, deficiencias en algunos acabados y en la ubicación de canaletas y tomacorrientes.
En el sótano, una de las dos bombas eyectoras del nivel freático está dañada. El nivel depende así de una sola unidad operativa, una situación que, de acuerdo con el informe, aumenta el riesgo de inundación. El centro zonal permanece desocupado y el documento advierte que la falta de terminación y protección de la infraestructura puede aumentar su deterioro y generar riesgos para los recursos públicos invertidos.
Inversión y pendientes de los contratos
El proyecto comenzó con el contrato de obra 1131 de 2014, adjudicado al Consorcio Universal. Su presupuesto final fue de $3.291 millones para construir una edificación de cinco pisos y un sótano, con un área aproximada de 1.200 metros cuadrados y capacidad proyectada para 75 funcionarios.
Ese contrato registra un avance físico histórico del 85,8 % y uno financiero del 81,5 %, con pagos por $2.682 millones. Figura como terminado sin liquidar. En 2024 se suscribió el contrato 11022622024 por $1.317 millones para adecuar y finalizar la infraestructura. Registra un avance físico reportado del 76 % y una ejecución financiera del 76,6 %, equivalente a pagos por aproximadamente $1.008 millones.
Las intervenciones del segundo contrato incluyeron impermeabilización, adecuación de cubiertas, renovación parcial de cielorrasos, mejoras eléctricas, instalación de puertas y ventanas, mantenimiento de la planta eléctrica y ajustes al sistema contra incendios. En su documentación faltan el acta de recibo final y la actualización integral de la información en SECOP II.
El contrato principal tiene controversias ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado 63 Administrativo de Bogotá. El valor indexado de las pretensiones registrado en eKOGUI asciende a $867 millones. Los procesos administrativos sancionatorios relacionados con la obra y la interventoría fueron cerrados en 2019, bajo circunstancias diferentes para cada caso.
La Oficina de Control Interno recomendó requerir la culminación de las actividades pendientes durante la liquidación del contrato de 2024 y gestionar la extensión de las garantías de cumplimiento y calidad.
