La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a Miguel Andrés Quintero Calle por presuntas irregularidades en seis contratos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y los Bomberos Voluntarios de Itagüí. Los cuatro procesados deberán definir si aceptan los cargos el 14 de septiembre de 2026.
La hipótesis sobre seis contratos
La audiencia de imputación se realizó el 10 de septiembre de 2026. En la diligencia también fueron vinculados Álvaro Alonso Villada García, exsubdirector de Gestión Administrativa y Financiera del Área Metropolitana del Valle de Aburrá; Vanessa Álvarez Restrepo, exasesora jurídica de la entidad; y Sebastián Ortega Urán.
El expediente reúne seis contratos suscritos durante 2020 y 2021 entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí. Los convenios estaban relacionados con gestión del riesgo, atención de emergencias, incendios, emergencias ambientales y el fortalecimiento de las capacidades de atención del cuerpo de bomberos.
Durante la audiencia, la Fiscalía expuso su hipótesis sobre la participación de los investigados en esa contratación. El ente acusador señaló que en junio de 2020 se habría acordado una cuota planteada inicialmente en 20 %, que después habría sido reducida al 15 % del valor de los contratos que serían adjudicados a los Bomberos de Itagüí.
Para la Fiscalía, los contratos investigados representaron recursos cercanos a $17.656 millones. Su planteamiento sostiene que el presunto esquema habría generado una apropiación aproximada de $2.481 millones, cifra incluida en los señalamientos formulados en esta etapa del proceso.
Cargos y decisiones pendientes
A Quintero la Fiscalía le imputó, a título de dolo, los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, como determinador, y peculado por apropiación agravado por razón de la cuantía, como interviniente. Los cargos formulados contra Villada, Álvarez y Ortega corresponden a conductas y responsabilidades distintas.
La Fiscalía atribuyó a Quintero una participación aproximada de $1.654 millones en provecho propio y otros $827 millones en favor de terceros. Esos montos hacen parte de la imputación y de la hipótesis presentada por el ente acusador durante la diligencia.
La investigación había comenzado antes de la imputación contra Quintero y se amplió con declaraciones y mecanismos de colaboración de otros vinculados, entre ellos Misael Alberto Cadavid Jaramillo, exdirectivo de los Bomberos Voluntarios de Itagüí.
Dentro del expediente ya se produjo una primera condena. Juan Alberto Cardona Henao, contador y tesorero de los Bomberos de Itagüí, aceptó responsabilidad mediante un preacuerdo con la Fiscalía por hechos relacionados con documentos empleados en la ejecución contractual.
La Fiscalía había anunciado que solicitaría una medida de aseguramiento en centro carcelario para Quintero y Villada. Una eventual privación de la libertad deberá ser definida por el juez competente. En la próxima audiencia, los cuatro procesados deberán manifestar si aceptan los cargos; la imputación no equivale a una condena.
