El Gobierno nacional dio por terminada, desde el 7 de agosto, su participación en los diálogos con el ELN y otros procesos con estructuras armadas y criminales. La medida incluye el levantamiento de la Zona de Ubicación Temporal del Valle del Guamuez.
Alcance de los diálogos con el ELN
La decisión fue anunciada el 11 de septiembre de 2026, en cumplimiento de instrucciones impartidas por el presidente Abelardo De La Espriella. La Presidencia señaló que los procesos, espacios sociojurídicos y mecanismos de ubicación heredados de la administración anterior no demostraron avances concretos en paz, desarme o sometimiento a la justicia.
Además del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el cierre abarca las mesas de negociación con el Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio, Comandante Gentil Duarte, Comandante Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes.
También concluyen los mecanismos con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y el Frente Guerrillero Comuneros del Sur. El anuncio comprende tanto procesos de diálogo como los espacios sociojurídicos y mecanismos de ubicación incluidos en la medida.
Cierre de espacios sociojurídicos
Los espacios sociojurídicos de conversación con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada también fueron dados por concluidos. La misma decisión cobija a las estructuras criminales que operan en Medellín y el Valle de Aburrá, Quibdó y Buenaventura.
El levantamiento de la zona temporal en el Valle del Guamuez forma parte del cierre anunciado por el Gobierno. Esa medida se aplicó junto con la terminación de su participación en los distintos procesos y espacios señalados.
Durante el cuatrienio anterior se erogaron más de $7.000 millones exclusivamente para la asignación de honorarios a voceros, representantes y negociadores. Esa cifra no contempla los recursos asociados a esquemas de seguridad, viáticos, zonas de ubicación y demás gastos sufragados con el erario.
El Gobierno afirmó que no mantendrá escenarios institucionales que, en su consideración, sean instrumentalizados para prolongar el accionar delictivo, obtener beneficios procesales o evadir la ley. Quienes expresen una voluntad real de dejar las armas deberán someterse a la justicia.
Frente a quienes persistan en actos de violencia contra la población civil, el Ejecutivo indicó que serán enfrentados con toda la capacidad legal y legítima de la Fuerza Pública.
