La Fundación Luz y Sonrisas, vinculada a la primera dama Ana Lucía Pineda, respondió a la orden judicial sobre las donaciones para las víctimas del terremoto en Colombia. El senador Alejandro Ocampo considera insuficiente la respuesta y anunció que volverá ante el juez.
Las donaciones del terremoto ante el juez
La orden exigía un informe de gestión claro y preciso sobre los aportes recibidos, administrados, canalizados o distribuidos por la fundación. En su respuesta, la entidad afirmó que recibió 17 millones de dólares, además de ayudas humanitarias procedentes de Estados Unidos, España y Panamá.
El documento señala que destinó el 81% de los recursos económicos a la reconstrucción de instituciones educativas en Cali. La fundación sostuvo que no recibió ni administra recursos públicos, que no ejerce funciones públicas y que tampoco presta servicios públicos.
La entidad no entregó los registros contables, comprobantes ni extractos bancarios detallados que le habían solicitado. Para justificarlo, invocó la reserva legal de sus libros y documentos privados.
Ocampo cuestiona la respuesta judicial
Ocampo, quien promovió el recurso que dio lugar a la orden, afirmó que la fundación respondió solo uno de los ocho puntos sobre los que, a su juicio, debía pronunciarse. Para el senador, el destino de las donaciones debe estar sujeto a rendición de cuentas aunque se trate de recursos privados.
El recurso se presentó en medio de cuestionamientos de la oposición y algunos medios locales sobre las cifras de las donaciones y la llegada de ayuda a las zonas más afectadas del oeste de Colombia. De acuerdo con esos actores, los anuncios de donaciones publicados por el presidente Abelardo de la Espriella en sus redes sociales suman más de 200 millones de dólares. Esa cifra corresponde a anuncios: no equivale al monto que la fundación afirma haber recibido.
Antes de esta respuesta, un informe presentado por Pineda indicaba que 48.000 personas habían recibido ayuda humanitaria, sin detallar de qué tipo. Tampoco desglosaba el dinero ejecutado en los lugares donde resultaron dañadas viviendas, escuelas y hospitales. La oposición y algunos medios locales sostienen que la ayuda no ha llegado a las zonas más afectadas del oeste del país.
El terremoto del 10 de agosto, de magnitud 7,4, dejó más de 330 muertos y destruyó más de 30.000 viviendas. Pineda había declarado en una entrevista que los recursos se utilizarían en una segunda fase de reconstrucción. Tras recibir la respuesta de la fundación, Ocampo anunció que presentará un escrito al tribunal e interpondrá un incidente de desacato.
