La Superintendencia Nacional de Salud denunció este lunes amenazas contra funcionarios de la entidad, de la Nueva EPS y del gestor farmacéutico Disfarma en el Valle del Cauca, en medio de una crisis por el acceso a medicamentos que afecta a miles de usuarios tras la ruptura del contrato entre la Nueva EPS y Audifarma, según informó el superintendente Giovanny Rubiano García.
La situación escaló tras el fin del acuerdo entre la aseguradora y el proveedor farmacéutico, originado por disputas sobre pagos pendientes, lo que dejó a regiones como el Valle del Cauca y el Eje Cafetero con bloqueos en puntos de dispensación y largas filas de pacientes, explicó Rubiano García.
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Asimismo, señaló: “Rechazamos categóricamente cualquier tipo de intimidación o presión contra los funcionarios que trabajan incansablemente para buscar soluciones a esta problemática”.
En el Valle del Cauca, Nueva EPS cuenta con cerca de 630.000 afiliados, la mayor cantidad en el departamento, seguida por Emssanar (354.000), SOS (288.000), Coosalud (187.000) y Sanitas (130.000). Todas estas EPS están bajo intervención del Gobierno Nacional, precisó la Supersalud, que destacó que más del 80 % de los usuarios del sistema de salud en la región dependen de administradores designados por la entidad.
Audifarma suspendió sus servicios a Nueva EPS el pasado 23 de febrero, tras anunciar la decisión el 21 de ese mes. La empresa argumentó que la EPS le adeudaba 110.000 millones de pesos, pese a un convenio firmado en diciembre de 2024. Nueva EPS, por su parte, afirmó haber girado más de 265.000 millones de pesos entre diciembre y febrero, sin que eso asegurara la entrega regular de medicamentos.
La Supersalud ordenó el 7 de marzo una medida cautelar que obliga a Audifarma y Nueva EPS a mantener abiertos los puntos de dispensación durante al menos dos meses, pese al fin del contrato, buscando mitigar las afectaciones a los usuarios, detalló la entidad, que subrayó las dificultades en la transición hacia nuevos gestores como Disfarma en el Valle del Cauca.
La crisis también se extendió a Caldas, Quindío, Risaralda y Nariño, donde se reportaron problemas similares, expresó Ana Belén Arteaga, directora del Instituto Departamental de Salud de Nariño, quien señaló que “nos preocupa mucho la situación”.
Mientras tanto, el Ministerio de Salud defendió que el Gobierno cumplió con los pagos para garantizar el abastecimiento, aunque gremios del sector cuestionaron la eficacia de las acciones implementadas. Colprensa