La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), piedra angular del sistema de justicia transicional en Colombia, enfrenta una nueva crisis institucional.
Esta vez, el foco está en un polémico viaje de magistrados y altos funcionarios a un lujoso hotel en Palomino, La Guajira, donde se lleva a cabo un taller sobre justicia restaurativa.
El evento fue convocado por el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, con el objetivo de “agilizar los procesos de toma de decisiones estratégicas” a través del diálogo con expertos internacionales. Sin embargo, la actividad ha generado fuertes críticas dentro y fuera de la jurisdicción.
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La magistrada Claudia López Díaz expresó su inconformidad mediante una carta dirigida al presidente del tribunal. En el documento que dio a conocer SEMANA, advierte que el encuentro “no responde a las necesidades más urgentes de la JEP” y cuestiona el traslado completo de la magistratura, así como la posible suspensión de términos judiciales, lo cual podría afectar los derechos de las víctimas en espera de justicia y reparación.
Además del descontento interno, el viaje ha causado revuelo en el ámbito político. Diversas voces críticas señalan que la JEP, tras años de funcionamiento, aún no ha emitido condenas en firme por crímenes del conflicto armado, mientras que sus magistrados se hospedan en un resort donde una noche cuesta hasta un millón de pesos.
Un trabajador del hotel confirmó que cerca de 40 personas llegaron acompañadas por personal armado, lo que ha generado interrogantes sobre el posible uso excesivo de recursos públicos.
La controversia ha trascendido fronteras. La carta de la magistrada fue enviada con copia al Instituto de Paz de Estados Unidos (USIP), que ha apoyado técnicamente a la JEP.
Aunque el instituto negó haber financiado el evento, reconoció que su cooperación con la jurisdicción se encuentra en proceso de cierre, en parte por recortes presupuestarios.
Durante el taller, que se extenderá hasta el 5 de abril, los magistrados también se reunieron con autoridades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, abordando temas como la victimización territorial y la necesidad de medidas cautelares. La JEP defiende estas actividades como clave para formular sanciones restaurativas acordes a estándares internacionales.
No obstante, para críticos como la magistrada López, el momento y la forma del encuentro son inadecuados, dada la coyuntura institucional. Asegura que es tiempo de “reflexionar sobre la pertinencia del enfoque del evento”, antes que continuar con actividades que podrían desviar la atención de las prioridades de la justicia transicional.