Aunque el Gobierno dio por resuelta la controversia sobre el cambio de modelo de expedición de pasaportes, la Procuraduría continúa investigando si se incurrió en irregularidades en la firma del contrato entre la Cancillería y la Imprenta Nacional, así como en el convenio con Portugal para apoyo técnico en la implementación del proceso.
La Sala Disciplinaria de Instrucción deberá revisar si se omitió la realización de un proceso de selección competitivo, al seleccionar sin licitación a la Imprenta, teniendo en cuenta además que la empresa no cuenta con la capacidad para ejecutar el contrato.
Según el Ministerio Público, la Imprenta necesitará recibir capacitación e incurrir en gastos para subcontratar servicios adicionales para cumplir con el contrato con la Cancillería.
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También investiga la Procuraduría si se omitió la ley que regula la contratación con organismos internacionales, pues el valor de los aportes de la Casa de la Moneda de Portugal es inferior al 50 % del convenio.
Así mismo, se pudo haber incurrido en una irregularidad al comprometer vigencias futuras excepcionales que superan el periodo del Gobierno actual.
A esto se suma una posible falta de recursos para otros ítems del convenio.
Además de la canciller encargada, Yolanda Villavicencio, la investigación cobija al jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Julián David Peña Martínez; a la subgerente administrativa y financiera, Olga Lucía Ruiz Mora; y a los miembros de junta y delegados del Ministerio del Interior, Jaime Berdugo; de las Culturas, Luis Alberto Sanabria; del Ministerio de Educación, Dora Ojeda Roncancio; y Ricardo Arque Benavides, su homólogo en el Departamento Administrativo de la Presidencia.
(Colprensa)