La Procuraduría General de la Nación divulgó el 10 de noviembre una campaña para explicar cómo sus funciones se relacionan con la protección de derechos y recursos públicos. La entidad presenta siete ejes de actuación, pero distingue esa forma de exponer su trabajo de sus tres funciones misionales: prevención, intervención y disciplina.
Derechos y recursos en siete ejes
La campaña reúne bajo siete ejes la prevención, la intervención, la función disciplinaria, la defensa de los derechos, el cumplimiento de la Constitución y la ley, la representación de la sociedad y la lucha contra la corrupción. Esa enumeración busca mostrar a la ciudadanía el alcance de las responsabilidades de la entidad y su relación con la vigilancia de las autoridades.
En materia de derechos, la Procuraduría señala que vigila el cumplimiento de las obligaciones de las autoridades y la garantía estatal de los derechos establecidos en la Constitución. Su labor de vigilancia comprende también el cumplimiento de las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos.
La representación de la sociedad incluye la defensa de intereses colectivos, entre ellos los relacionados con el medioambiente y el patrimonio público. Para explicar su papel frente a la corrupción, la entidad menciona la prevención, la vigilancia de la gestión pública y las investigaciones disciplinarias cuando existan posibles faltas dentro de su competencia.
Tres funciones de la Procuraduría
Los siete ejes no reemplazan la distinción entre las tres funciones misionales. La prevención consiste en identificar riesgos y emitir advertencias para evitar irregularidades que puedan afectar a la ciudadanía o al patrimonio público. La intervención, por su parte, permite a la Procuraduría actuar ante autoridades para proteger derechos y defender recursos públicos.
Dentro de sus competencias legales, la entidad puede participar en actuaciones judiciales y administrativas si están comprometidos el orden jurídico, los derechos fundamentales o los intereses colectivos. La función disciplinaria comprende la investigación de posibles faltas de servidores públicos. Cuando corresponde, la Procuraduría adopta las decisiones previstas en la ley para establecer responsabilidades disciplinarias.
Estas competencias tienen fundamento en el artículo 277 de la Constitución Política de Colombia y están desarrolladas en el Código General Disciplinario, establecido mediante la Ley 1952 de 2019 y modificado por la Ley 2094 de 2021. La campaña presenta ese marco de actuación como parte de su explicación a la ciudadanía sobre la protección de derechos y recursos públicos.

















