La Fiscalía General de la Nación, en trabajo conjunto con la Dijin de la Policía Nacional, logró desarticular una red criminal dedicada a la obtención, transporte y comercialización de armas de fuego, municiones, granadas y otros elementos bélicos, destinados a disidencias de las Farc que operan en varias regiones del país. Esta operación representa un golpe significativo a las estructuras armadas ilegales que continúan ejerciendo control y presión en zonas estratégicas del territorio colombiano.
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De acuerdo con la investigación, nueve personas integraban esta organización, la cual tenía como rol principal definir métodos de camuflaje en vehículos particulares para ocultar el arsenal y facilitar su traslado sin ser detectados por las autoridades. Estos cargamentos tenían como destino estructuras disidentes con presencia e injerencia en los departamentos de Meta, Arauca, Guaviare, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Norte de Santander, regiones donde persisten disputas armadas y economías ilegales.
La red no solo se valía de automotores modificados para el transporte clandestino de armas, sino que también recurría a empresas transportadoras legalmente constituidas, enviando el material bélico como encomiendas, en un intento por aprovechar canales regulares de distribución para evadir controles. Esta modalidad permitió que la estructura criminal operara por un periodo prolongado antes de ser detectada plenamente.
Las autoridades lograron identificar estas maniobras ilícitas gracias a siete incautaciones realizadas durante los últimos dos años en distintos puntos del país. Cada decomiso permitió recopilar información clave para reconstruir el patrón criminal, ubicar a los responsables y establecer la conexión entre los envíos y las facciones armadas beneficiadas.
Tras reunir evidencia suficiente, las autoridades capturaron a los presuntos integrantes de la organización y los pusieron a disposición de la justicia. Un fiscal especializado de la Seccional Cali fue el encargado de imputarles los delitos de concierto para delinquir, porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes, cargos que reflejan la complejidad de la operación criminal y su conexión con distintos mercados ilegales.
Durante las audiencias preliminares, dos de los procesados aceptaron los cargos, lo que podría agilizar su proceso judicial y eventualmente derivar en sentencias anticipadas. La justicia determinó que, debido al grado de peligrosidad y a la evidencia recopilada, ocho de los imputados deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras continúa el avance de la investigación y se evalúan sus posibles vínculos con otras estructuras criminales.
Los capturados que deberán permanecer privados de la libertad son Hugo Arturo Lesmes Roa, Germán Tolosa Ayala, Omar Humberto Roa Pinzón, Carlos Humberto Benavidez Durán, Guillermo León Zamora González, José Ricardo Virgüez Gómez, Arley Mauricio Ruíz Torres y Bayron Camilo Valencia Vega. Las autoridades continúan verificando si existen más personas vinculadas a esta organización o si esta red hacía parte de un entramado criminal más amplio.
