El Consejo de Estado admitió una demanda de pérdida de investidura contra nueve congresistas que integraron la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, una de las instancias más sensibles del Congreso, en momentos en que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD,era utilizada como caja política para el desvío multimillonario de recursos públicos.
La decisión, adoptada por la Sala 10 Especial de Decisión de Pérdida de Investidura mediante auto del 29 de enero de 2026, concluyó que la solicitud cumple los requisitos legales y ordenó avanzar en el proceso contra los senadores Martha Isabel Peralta Epieyú, Sor Berenice Bedoya Pérez, Julio Elías Chagüi Flórez, Liliana Esther Bitar Castilla y Juan Pablo Gallo Maya, así como contra los representantes a la Cámara Wadith Alberto Manzur Imbett, Julián Peinado Ramírez, Karen Astrith Manrique Olarte y Juan Loreto Gómez Soto
La demanda sostiene que estos congresistas, desde su posición en la Comisión de Crédito Público, habrían incurrido en tráfico de influencias y gestiones indebidas, una conducta que, de comprobarse, configura la causal más grave prevista en la Constitución para un parlamentario. El propio auto recoge el llamado a una decisión “ejemplarizante en el Estado Social de Derecho”, orientada a preservar la ética del servicio público y la dignidad del Congreso de la República
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El contexto que rodea esta admisión judicial es devastador. El expediente UNGRD ya documenta que los recursos destinados a la atención de emergencias fueron utilizados para comprar respaldos políticos, asegurar silencios y aceitar decisiones institucionales. Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, y Olmedo López, exdirector de la entidad, aceptaron su responsabilidad y describieron el funcionamiento interno de la red de corrupción, mientras varios contratistas también comenzaron a colaborar con la justicia.
En ese mismo entramado aparece Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE, hoy requerido por la justicia y señalado como uno de los articuladores políticos del esquema. A esto se suma que dos exministros se encuentran privados de la libertad y que expresidentes del Senado y de la Cámara de Representantes han sido vinculados formalmente a investigaciones derivadas del mismo caso, confirmando que el saqueo a la UNGRD no fue un hecho aislado, sino una operación de alto nivel.
Según el expediente, la Comisión de Crédito Público no era un escenario marginal. Allí se discutían y viabilizaban decisiones estratégicas mientras, en paralelo, la UNGRD se convertía en una fuente de recursos ilegales. Por eso, la demanda pone el foco en la actuación concreta de los congresistas que integraron esa comisión durante el periodo crítico del escándalo, cuestionando si usaron su investidura para gestionar intereses ajenos al mandato constitucional.
La admisión de la demanda no es una formalidad. Es una advertencia directa: el caso UNGRD ya no se limita a exfuncionarios y contratistas, sino que sube al corazón del poder legislativo. Si las pruebas confirman lo que hoy relatan los confesos del entramado, el país podría estar ante una de las mayores decisiones de pérdida de investidura de los últimos años, con consecuencias políticas irreversibles para quienes, desde el Congreso, habrían sido parte del engranaje.
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