La decisión se toma en el marco de la Ley 2365 de 2024, que hace referencia al Plan Transversal para la Eliminación del Acoso Sexual, con el fin de que los nuevos protocolos cuenten con criterios y parámetros desarrollados por la jurisprudencia constitucional.
La Corte recordó que el ordenamiento jurídico colombiano protege los derechos de las mujeres a la igualdad ante la ley, y en particular en el ámbito laboral, subrayando la necesidad de que las políticas de prevención de acoso y violencia de género en el trabajo se ajusten a los estándares internacionales de derechos humanos.
La Sala Tercera de Revisión, que analizó el caso, destacó que la garantía del derecho de las mujeres a vivir sin violencia es un mandato estatal, que obliga a actuar con diligencia en la prevención, investigación y sanción de cualquier acto de violencia en el entorno laboral.
El alto tribunal también subrayó que la protección de las mujeres en el ámbito laboral exige una valoración de las circunstancias históricas y sociales que han colocado a este grupo en una situación de vulnerabilidad.
En este contexto, la Corte instó a las empresas a establecer políticas claras y efectivas para prevenir y sancionar el acoso laboral, enfatizando que la falta de protocolos adecuados repercute negativamente en la seguridad de quienes denuncian estos hechos.
En el caso específico analizado, la Corte determinó que la empresa involucrada no cumplió con su obligación de diligencia en la investigación y prevención del acoso, lo que resultó en la vulneración de los derechos de la víctima.
Aunque no se confirmó el acoso sexual, el tribunal consideró que el despido de la trabajadora fue discriminatorio por razones de género y ordenó su reincorporación en un cargo similar.
Además, le ordenó a la empresa ofrecer atención emocional y psicológica a la denunciante y avanzar en la construcción de protocolos claros para prevenir el acoso sexual y laboral.
Finalmente, la Corte instó al Ministerio de Trabajo a tomar medidas concretas para crear y adecuar los mecanismos necesarios para prevenir el acoso y la violencia basada en género en el trabajo, y destacó la importancia de la colaboración entre los actores relevantes, como las aseguradoras de riesgos laborales y los empleadores, en la lucha contra la violencia en el entorno laboral.