El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares defendieron la legalidad del bombardeo del 27 de agosto en El Retorno, Guaviare, después de que Medicina Legal estableciera que tres de los 10 muertos eran menores de edad. La cartera anunció medidas para reforzar la respuesta estatal frente al reclutamiento de niños y adolescentes.
El comandante general de las Fuerzas Militares, general Erick Rodríguez, afirmó que la operación conjunta con la Policía Nacional se dirigió contra una estructura del bloque Jorge Suárez Briceño, comandada por alias ‘Cotis’ y perteneciente a la facción de alias ‘Calarcá’. El ataque aéreo estratégico impactó tres zonas campamentarias ubicadas en la selva, cerca del río Inírida.
Rodríguez sostuvo que los diez integrantes neutralizados eran combatientes. Además, reportó que un integrante fue capturado y otro menor de edad fue recuperado y puesto bajo protección para el restablecimiento de sus derechos.
En el lugar fueron hallados 19 fusiles, siete ametralladoras, 15 armas cortas, un mortero de 60 milímetros, 22 granadas de mortero, ocho granadas de 40 milímetros, 174 proveedores, 184 minas antipersonales, 20 granadas para dron y más de 29.000 municiones.
El comandante indicó que las minas encontradas iban a ser utilizadas en territorio colombiano. También aseguró que la operación observó los estándares legales aplicables a los ataques aéreos estratégicos tanto en su planeamiento como en su ejecución.
Tras la intervención militar, se realizaron los actos urgentes en el sitio y los cuerpos fueron entregados a Medicina Legal para su identificación. El informe de esa entidad determinó que entre los fallecidos había dos adolescentes de 15 años y uno de 16.
Medidas frente al reclutamiento
El ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, señaló que el reclutamiento y la utilización de menores en el conflicto constituyen un crimen de guerra y una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario. Atribuyó la responsabilidad a los grupos armados y recordó que el reclutamiento ilícito está tipificado en el Código Penal colombiano.
Mora anunció la creación de una mesa interdisciplinaria entre los ministerios de Defensa y Justicia para fortalecer la respuesta estatal ante el reclutamiento y la utilización de menores. A ese espacio serán invitadas la Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación y las demás entidades competentes.
El trabajo incluirá posibles ajustes penales, agravación de sanciones y el fortalecimiento de la persecución contra las estructuras de dirección y las redes de captación. El Ministerio de Defensa busca establecer una ruta integral de protección para los menores y anunció que presentará las respectivas denuncias ante la Fiscalía General de la Nación.
