Faltando menos de tres meses para que entre a regir la reforma pensional, no es claro aún si a partir del próximo 1 de julio el país tendrá o no un nuevo sistema.
El sector pensional, que se reunió esta semana en Cartagena en el marco del Congreso de Asofondos, sigue aún en la incertidumbre. La norma está aún a la espera del fallo de la Corte Constitucional, que podría declararla inexequible por vicios de forma.
Si esto ocurre, habría que echar atrás muchas de las inversiones que las entidades del sistema han hecho en el último año para prepararse para operar en el nuevo sistema.
Pero si la Corte avala la reforma, también hay una situación compleja, pues no se han expedido los decretos reglamentarios que son necesarios para que el sistema opere. El Congreso dio apenas un año de plazo para el proceso de transición y ya quedan menos de 90 días.
La confianza del Gobierno
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, no ve como una opción viable que la Corte declare inexequible la reforma.
“No puedo imaginarme que la Corte ignore esas circunstancias y derrumbe un edificio que se está construyendo. Sería fuera de toda lógica. La Corte no solo es guardiana de las normas sino del espíritu de la Constitución”, dijo el ministro en el marco del Congreso de Asofondos.
A lo mucho, el Gobierno contempla la posibilidad de que la Corte ordene devolver el proyecto a la Cámara para corregir los vicios de trámite que se presentaron. La demandante, la senadora Paloma Valencia, sostiene que ese órgano legislativo no permitió la deliberación del proyecto porque no podían dejar que se aprobara un texto distinto al del Senado pues eso hubiera llevado a que la iniciativa fuera objeto de conciliación.
La ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, revelada por algunos medios de comunicación, proponía tumbar del todo la reforma, pero un error de procedimiento de la Corte, que no estudió el impedimento de una magistrada, hizo que debiera nombrarse un nuevo ponente e incluso que tuviera que presentarse un nuevo concepto de la Procuraduría, por el cambio que hubo en el cargo de Margarita Cabello a Gregorio Eljach, que también tuvo que declararse impedido.
Y mientras tanto, el tiempo que queda para que la reforma entre a operar se agota.
“La posición de los fondos es que haya una decisión rápida, en el sentido que determinen los magistrados en su autonomía. Necesitamos certeza jurídica para entrar a un nuevo sistema a partir del 1 de julio”, afirmó el presidente de Asofondos, Andrés Velasco.
Varios de los fondos privados debieron ya transformarse en Administradoras del Componente Complementario de Ahorro Individual (ACCAI) tal como se los exige el nuevo régimen. Si la reforma se cae, habrá sido un esfuerzo perdido.
La reglamentación de la ley
Pero si la reforma pasa, también hay inconvenientes.
El 1 de julio se vence también el plazo para que el Gobierno expida los decretos reglamentarios que son necesarios para que la reforma pueda operar.
El ministro Sanguino explicó que son dos los decretos más importantes que se requieren: uno, el llamado DUR o Decreto Único Reglamentario, que regula la manera como operarán todos los actores del sistema, y el otro, el que define cómo cumplirá el Banco de la República su función de administrador de los recursos pensionales.
Sanguino señaló que se está avanzando en el proceso de recoger observaciones, pues incluso el Banco de la República ha presentado algunas, pero aseguró que todo esto alcanzará a estar a tiempo.
“Estamos avanzando a toda marcha, a ritmo forzado si se quiere, para que la reglamentación, sobre todo lo más robusto y lo absolutamente necesario, esté lista para el 1 de julio”, añadió.
Los fondos privados, si bien han expresado su disposición a trabajar con el Gobierno para sacar adelante el nuevo sistema, no dejaron de reconocer su preocupación.
“La responsabilidad nuestra es estar listos, pero, por supuesto, hay preocupación. Esto hubiera sido más eficiente con una reglamentación más expedita, pero no podemos dejar de cumplir esa responsabilidad hasta el final”, manifestó Juan David Correa, presidente de Protección y del Consejo Directivo de Asofondos. Colprensa