Al menos 32 mil personas de 153 comunidades, de las cuales 127 son comunidades indígenas y 26 afrodescendientes, son las más afectadas por el paro armado del ELN declarado en el Chocó, especialmente en la zona del río Baudó, según informó la Defensoría del Pueblo.
El llamado al paro armado del ELN fue lanzado por el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN) el día anterior, con vigencia hasta el 5 de mayo, y ya ha generado una crisis humanitaria en la región del Pacífico colombiano.
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«También podrán verse perjudicados niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y personas mayores de las comunidades que habitan en los márgenes del río Baudó y sus afluentes«, advirtió la Defensoría del Pueblo, haciendo un llamado urgente a una coordinación interinstitucional que implemente acciones urgentes para proteger y asistir a la población afectada.
El ELN argumentó que el paro armado es en respuesta a la supuesta presencia de paramilitares en la zona. Sin embargo, el Ejército Nacional aseguró que se trata de «una acción criminal para asegurar rutas del narcotráfico hacia el Pacífico colombiano, sin relación alguna con causas sociales o políticas: es constreñimiento armado a civiles«.
En respuesta, las fuerzas militares desplegaron cerca de 4 mil hombres en el Chocó, con el objetivo de garantizar la seguridad y la libre movilidad de los habitantes en la región.
(Colprensa)