El ministro de Defensa, Iván Velásquez, atribuyó la crítica situación que atraviesa el Catatumbo, en Norte de Santander, al histórico abandono estatal y a las falencias en la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016.
La crisis en el Catatumbo es consecuencia del abandono y debilitamiento institucional del Estado en su conjunto y la no implementación efectiva y oportuna del Acuerdo Final de Paz del 2016. Cuando llegamos al Gobierno vimos el déficit del pie de fuerza de las @FuerzasMilCol y… pic.twitter.com/IzXIY7JO1Q
— Mindefensa (@mindefensa) January 28, 2025
Durante una sesión especial de la Cámara de Representantes este 28 de enero, donde se debatió el decreto de conmoción interior, Velásquez expuso las razones de la creciente escalada de violencia en la región.
“La situación del Catatumbo es realmente crítica. Sus orígenes son consecuencia de un abandono estatal que por décadas ha sufrido esta región del país, un debilitamiento institucional en conjunto del Estado y también la no implementación efectiva del Acuerdo de Paz del 2016”, afirmó el ministro.
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Desde hace dos semanas, el Catatumbo ha sido escenario de enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC, un conflicto que ha dejado un saldo alarmante de muertos, desplazamientos masivos y un ambiente de zozobra entre los habitantes de la región. Según organizaciones locales, la disputa por el control territorial y económico, especialmente del narcotráfico, ha intensificado la violencia.
Velásquez destacó que, para afrontar esta crisis, el Gobierno Nacional presentó el decreto de conmoción interior, una medida extraordinaria que busca recuperar el control del territorio y garantizar la seguridad de la población. Sin embargo, aclaró que la solución a los problemas del Catatumbo no debe limitarse al uso de la fuerza, sino que requiere una intervención integral.
El funcionario también hizo un llamado a acelerar la implementación de los puntos del Acuerdo de Paz relacionados con la reforma rural integral y la sustitución de cultivos ilícitos, dos aspectos fundamentales para desactivar las economías ilegales que alimentan los conflictos en la región.
Mientras tanto, comunidades campesinas y organizaciones sociales han manifestado su preocupación por el impacto del conflicto armado en la población civil. Según el último reporte de la Defensoría del Pueblo, más de 1.200 personas han sido desplazadas en las últimas semanas, y otras tantas permanecen en riesgo por los combates.