UEFA y CONCACAF solicitaron a la FIFA asignar al menos 10 millones de dólares adicionales a cada una de sus 211 federaciones afiliadas durante los próximos tres años, mediante recursos distintos de los ya comprometidos en FIFA Forward.
Fondos adicionales a FIFA Forward
La propuesta plantea que los desembolsos se financien con una parte de las reservas de la FIFA. Los recursos serían adicionales a los programas ya comprometidos y, de acuerdo con la solicitud, no deberían depender previamente de la captación de inversión privada.
Aleksander Ceferin y Victor Montagliani, presidentes de las dos confederaciones, presentaron la cifra como una estimación conservadora de lo que el organismo puede asignar a sus asociaciones nacionales. En una carta dirigida a Gianni Infantino, sostuvieron que el desarrollo de las asociaciones miembro hace parte de la responsabilidad institucional de la FIFA.
Los dirigentes defendieron que la disponibilidad de esos fondos evitaría que las asociaciones tuvieran que escoger entre desarrollo y buena gobernanza, inversión e integridad, o respaldo financiero y evaluación de propuestas.
El reclamo se da en medio de la polémica por el proyecto de Infantino para atraer inversión privada a una empresa que gestione competiciones de la FIFA, incluidos los Mundiales masculino y femenino. El presidente había prometido aumentos sustanciales en la financiación para el desarrollo de las federaciones si esa iniciativa avanzaba con rapidez.
UEFA y CONCACAF contemplan elaborar conjuntamente un análisis sobre la porción de los fondos acumulados que debería liberarse. Las recomendaciones sobre los pagos se presentarían en la próxima reunión del Consejo de la FIFA, mediante el proceso de gobernanza correspondiente.
El análisis citado por los presidentes proyecta que la FIFA cerrará el año con 6.000 millones de dólares en reservas. Incluso con una entrega de 10 millones de dólares a cada asociación nacional, calcularon que los fondos no bajarían de 1.500 millones de dólares en ningún momento del ciclo 2027-2030.
Una mayor claridad sobre la situación financiera al cierre del año permitiría al Consejo definir una distribución superior. Ese órgano también determinaría si corresponde realizar un pago equivalente durante el periodo 2031-2034.
