Un juez de control de garantías negó este martes la solicitud de medida de aseguramiento en centro carcelario presentada por la Fiscalía General de la Nación contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, en un proceso que se adelanta en Barranquilla por presuntos hechos de corrupción en el departamento del Atlántico.
La decisión fue adoptada por el juez 14 de control de garantías, quien concluyó que Petro Burgos no representa un peligro para la sociedad, ni existen elementos suficientes para considerar que pueda obstruir la justicia, evadir el proceso o fugarse. El fallo acogió una postura previamente expuesta por la Procuraduría General de la Nación, que el pasado 15 de diciembre se manifestó en contra de enviarlo a prisión. La audiencia continúa con la presentación de alegatos por parte de los intervinientes.
El proceso se remonta a 2021, cuando Petro Burgos, en su calidad de diputado del Atlántico, y su entonces pareja, Day Vásquez, habrían utilizado contratos de la Gobernación del Atlántico, a través de la Fundación Consciencia Social, para beneficiar a familiares y amigos mediante contratos presuntamente direccionados. Según las investigaciones, los hechos estarían relacionados con la apropiación de 111 millones de pesos.
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Inicialmente, la Fiscalía imputó a Petro Burgos los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público, tráfico de influencias y peculado por apropiación.
Sin embargo, el juez descartó dos cargos: tráfico de influencias y falsedad ideológica en documento público. En consecuencia, el proceso continuará por celebración indebida de contratos, peculado por apropiación, peculado por apropiación como interviniente y falsedad en documento privado en calidad de coautor.
Durante la audiencia, el delegado de la Procuraduría, Henry Bustos, sostuvo que no existen fundamentos serios para imponer una medida privativa de la libertad, mientras que el abogado defensor, Alejandro Carranza, aseguró que no hay prueba directa de que su cliente haya recibido los recursos investigados.
Cabe recordar que Nicolás Petro Burgos enfrenta además otro proceso por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, relacionado con el presunto desvío de recursos de la campaña presidencial de 2022.
