La presión sobre la cúpula de Ecopetrol ha alcanzado su punto máximo. A través de un riguroso documento de seis páginas, ciudadanos de la talla de Ingrid Betancourt, Oscar Enrique Ortiz, y Juan Carlos Cárdenas, entre otros, han invocado el derecho fundamental de petición para solicitar a la Junta Directiva que cumpla con sus deberes de «vigilancia y corrección» y aparte del cargo a su actual presidente, Ricardo Roa Barragán.
La petición se fundamenta en hechos jurídicos recientes que, según los firmantes, anulan la idoneidad moral y técnica de Roa para dirigir la compañía: recuerdan que la Resolución 11008 de noviembre de 2025 sancionó a Roa por la violación de topes y financiación prohibida en la campaña del Pacto Histórico, calificando estas faltas como «infracciones sustanciales y estructurales» a la democracia.
Los peticionarios subrayan que la Fiscalía imputó formalmente a Roa por dos delitos: violación de topes electorales y tráfico de influencias. Este último es especialmente sensible, pues involucra la compra de un penthouse con presunto favorecimiento a un contratista de Ecopetrol.
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El documento señala que Ecopetrol profesa una política de «Cero Tolerancia» al fraude y la corrupción. Los firmantes argumentan que mantener a un presidente imputado penalmente viola los propios Estatutos Sociales y el Código de Ética de la empresa.
Para Betancourt y los demás firmantes, la situación de Roa no es un asunto privado, sino un riesgo corporativo. «Esta situación compromete de manera directa los estándares de buen gobierno… con un impacto negativo potencial en el índice reputacional, la credibilidad institucional y la confianza del mercado», reza el documento.
La Junta Directiva, como órgano superior, se enfrenta ahora a la obligación legal de responder este derecho de petición, debiendo decidir si prioriza la estabilidad política del Gobierno o la protección de los activos y la imagen internacional de Ecopetrol en las bolsas de valores del mundo.
Imagen tomada de EL MUNDO
