En un duro golpe a la corrupción interna, la Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de cuatro individuos señalados de integrar una red de extorsión en el departamento del Meta. Entre los procesados se encuentran dos miembros activos de la SIJÍN de la Policía Nacional, un suboficial retirado y un civil, quienes habrían orquestado un montaje judicial para exigirle dinero a una ciudadana en Villavicencio.
Los implicados fueron identificados como los intendentes activos Nelson Montero Martínez y Fabián Enciso Flórez; el suboficial retirado Audel Jaber Urrego Arévalo; y el particular Rubén Darío Barrios Pardo.
El «montaje» para presionar a la víctima
La investigación reveló que, en septiembre de 2025, el grupo se desplazó hasta la vivienda de la víctima, ubicada en la zona rural del oriente de Villavicencio. Allí, bajo el pretexto de una verificación de identidad, le aseguraron que estaba vinculada a un grupo criminal y que ya contaba con registros penales en su contra.
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Bajo esta «película» judicial, los ahora procesados le ofrecieron a la mujer una supuesta «colaboración» para eliminar dicho historial delictivo —el cual era inexistente— a cambio de fuertes sumas de dinero. La víctima accedió a pagos en diversas oportunidades antes de que el esquema fuera denunciado ante las autoridades.
Cargos y medidas judiciales
Un fiscal de la Seccional Meta imputó a los capturados los delitos de:
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Concusión agravada
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Extorsión agravada
A pesar de que los señalados no aceptaron los cargos, el juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario para el intendente Montero Martínez y el suboficial retirado Urrego Arévalo.
Este caso vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de fortalecer los controles de confianza dentro de las unidades de inteligencia y policía judicial en las regiones más vulnerables del país. Desde Nación Colombia, seguiremos de cerca el proceso para garantizar que este tipo de abusos de autoridad no queden en la impunidad.
