La investigación disciplinaria a Antonio Sanguino avanzó este 31 de mayo, después de que la Procuraduría General de la Nación abriera un proceso contra el ministro de Trabajo por presunta participación indebida en política durante la primera vuelta presidencial.
Qué motivó la apertura del proceso contra el ministro de Trabajo
La Procuraduría abrió la investigación tras un discurso del ministro Antonio Eresmid Sanguino Páez en Valledupar (Cesar), durante la apertura de un puesto de votación. Sanguino asistió como delegado del Gobierno en el departamento y habló ante autoridades locales y electorales, organismos de control y ciudadanía, según el expediente disciplinario citado por el Ministerio Público.
De acuerdo con el auto, el funcionario destacó que entre las opciones del tarjetón “solo hay una que respalda un proyecto de transformación y de cambio, que es el que ha liderado el presidente de la República”. Para la Procuraduría, ese mensaje “podría entenderse como una muestra de apoyo” a una candidatura específica, lo que activaría la prohibición para servidores públicos de intervenir en política.
El Espectador recogió una versión más extensa de la intervención atribuida al ministro: “Hay candidaturas que respaldan un “proyecto de transformación y de cambio”… y hay otras que se colocan en la orilla de la oposición”. Aunque el jefe de la cartera no habría mencionado a un aspirante por nombre, el ente de control señaló que el contenido podría interpretarse como respaldo electoral.
Investigación disciplinaria a Sanguino: lo que ordenó la Procuraduría
En su decisión, la Procuraduría sostuvo que la información reunida “permite identificar al presunto autor de los hechos” y que existe una “determinación inicial suficientemente precisa”. Con base en eso, ordenó abrir formalmente la investigación y vincular al ministro de Trabajo dentro del trámite disciplinario.
Como parte de las primeras diligencias, los investigadores quedaron encargados de recopilar material probatorio para avanzar en el caso. Entre las medidas iniciales, el Ministerio Público solicitó al Ministerio del Trabajo el certificado laboral del ministro, además de la recolección de los registros sobre las declaraciones que circularon en video.
La prohibición a funcionarios y el antecedente reciente en el Gobierno
La Constitución y el Código de Garantías Electorales prohíben que funcionarios públicos participen en política, con el objetivo de evitar que los recursos del Estado terminen favoreciendo a campañas o candidaturas. La Procuraduría encuadró su decisión en ese marco, al evaluar el alcance electoral de las expresiones pronunciadas en un acto oficial durante la jornada de votación.
En el mismo debate, la fuente también recordó que, en esta campaña, el presidente Gustavo Petro ha intervenido de manera abierta en asuntos políticos. Según lo reportado, esa situación motivó llamados de la Procuraduría y una orden del Consejo de Estado para que el Presidente se abstuviera de difundir propaganda política, además de instar a la Comisión de Acusaciones de la Cámara a adelantar investigaciones.
La semana anterior, además, la Procuraduría abrió investigación formal contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, también por presunta participación indebida en política. En ese caso, el ente disciplinario señaló que el funcionario hizo una invitación a votar durante una actividad oficial de su cartera en Coyaima, Tolima.
